El Pulso Laboral

Lunes 25 mayo 2015

02:30 pm

Columnas

ALZA A CUOTAS Y PENSIONES

Por Luis Manuel Guaida 

El pasado día 23 de julio fue anunciada la propuesta de reforma al sistema de pensiones que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social a los trabajadores derechohabientes, iniciativa impulsada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Nacional de Trabajadores (CTM) para modificar el sistema de pago de cuotas y monto de las pensiones.

Los cambios y modificaciones básicos consisten en un aumento gradual en el monto de la cuota patronal correspondiente, y en una reducción de las semanas cotizadas requeridas por el trabajador para pensionarse de las actuales 1,250 a las propuestas 750 semanas cotizadas. La aportación total se incrementaría gradualmente a lo largo de ocho años, del actual 6.5% del salario, al 13.87%. Los recursos requeridos no los aportan ni los trabajadores ni el gobierno. Serían los empleadores.

ORIGEN

Es interesante analizar cuál puede ser el origen de esta propuesta, cuáles sus efectos y consecuencias y para qué se intenta establecer.

En primer lugar, debemos tener presente que hasta entonces no se formule como una iniciativa de modificación a la ley, no sabemos con precisión cuál será su contenido y cómo se implementaría. Por ahora es solamente una idea y una propuesta, interesantemente iniciada por el CCE y avalada por los sindicatos conformados por la CTM, idea que el Presidente acogió positivamente.

Más resulta interesante advertir que esta se genera dentro del seno y bajo los auspicios del citado CCE, es decir, es una iniciativa patronal, la que seguramente fue compartida y sin duda apoyada por la parte tradicional del sindicalismo nacional.

INTENCIÓN

Podemos por el momento sólo especular y reflexionar sobre cuál puede ser el objetivo y lo que está detrás de esta acción, por lo demás inesperada y sorpresiva, especialmente por su origen. Ha sido evidente el deseo y la intención del Presidente de tomar el control de los recursos financieros que las Afores administran, recursos que son de los trabajadores, pero aportados por los empleadores.

En más de una ocasión el gobierno federal ha mencionado el tema, tal vez explorando su factibilidad y pulsando la reacción de sindicatos y empleadores, los que natural y claramente se han opuesto a ello. 

Sin embargo, y ante la necesidad del gobierno federal de obtener recursos financieros para sus programas populares, “el fantasma” de tal cooptación ha estado presente.

Ante estas circunstancias y riesgos, es posible que esta acción y propuesta empresarial este dirigida a propiciar, por un lado, una mejoría real para los trabajadores, y simultáneamente, establecer una barrera para evitar la intención de tomar los mencionados recursos, haciendo un frente común con una organización sindical que aun tiene, si bien reducida, una fuerza social y política.

Por otro lado, reduce el grave riesgo de una crisis financiera y social, consecuente al elevado costo presupuestal de las pensiones para el gobierno y su disminución muy severa en valor para los trabajadores.

EFECTOS

El efecto positivo favorable al trabajador es evidente: recibirá una pensión más robusta y más pronto, dentro de su vida productiva. Pero “la otra cara de la moneda” es que incrementa los costos de operación de las empresas, pues como se ha planteado, el financiamiento correría a cargo de estas.

También podría afectar al empleo formal, especialmente en un entorno de la economía nacional y global peor que desfavorable. Se buscarían alternativas, como la subcontratación, y se promovería de nuevo la informalidad. Recordar que al menos 6 de cada 10 mexicanos obtienen sus ingresos dentro del marco de la economía informal.

Otra afectación posible de la reforma es que induzca una menor creación de empleos formales, pues el costo laboral crecerá casi 8 por ciento del salario en ocho años.

Sus límites son claros: no incluye empleos informales, la mitad de la fuerza de trabajo, ni a los trabajadores del sector público Desde otro enfoque, es claro que el monto de las pensiones habría llegado a valer quizá una quinta parte de lo esperado para quien se jubila.

La propuesta, según los especialistas, podría elevar esta expectativa a un 103% por ciento para jubilados que devengan el salario mínimo y a 54% para jubilados con cinco salarios mínimos. Pero de prosperar esta iniciativa, y anticipamos que así será, queda claro que el cambio de la política pública propuesta cuesta dinero, y está establecido también cuánto y quién lo pone.

Para las Afores, es una buena noticia, pues se anticipa que administrarán el doble de los fondos actuales (unos 4.2 billones de pesos, el equivalente a 17.2% del PIB). Esperemos y observemos como evoluciona y se concreta esta propuesta patronal.

 

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