Pese a que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha presentado en diversas ocasiones en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) la propuesta de elevar el salario a 102 pesos diarios; su presidente, Gustavo de Hoyos, informó que será en diciembre, en la reunión habitual, cuando se determine el incremento a los mínimos para el próximo año.
En entrevista, destacó que las pláticas con el nuevo gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, van encaminadas a buscar una recuperación del salario, por lo que, incluso, la instrucción con quien ocupará el cargo de secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa Alcalde Luján, será el de revisar el salario.
"Nosotros no tenemos ninguna duda que en el mes de diciembre habrá un acuerdo de la Conasami para alinearlo. La futura secretaria del Trabajo se ha expresado en ese sentido y no podría asegurar categóricamente que estará en 200 pesos, pero la propuesta de Coparmex, con base en las previsiones que tenemos, es que esté alrededor de los 102 pesos", explicó.
En su informe entregado el pasado 30 de agosto al Consejo de Representantes, la Conasami detalló que "el último incremento al salario mínimo inició su vigencia el 1 de diciembre del 2017, y al comparar su valor real con el correspondiente a julio del 2018, el nivel actual es menor en 1.6 %, ya que refleja la inilación acumulada".
El comportamiento del salario sería analizado de nueva cuenta en la reunión que se realice a finales de septiembre; pero no se prevé que haya cambios del mismo sino hasta que concluya el año. De tal manera que se mantendría el salario aprobado en noviembre del 2017 de 88.36 pesos.
Por otra parte, el presidente de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh), Pedro Borda, afirmó que los salarios se han convertido en un asunto central de la discusión que se debe enterar como país. Destacó que el mercado de trabajo estará presionando en los próximos meses como consecuencia de las modificaciones que se pretenden hacer en la administración pública con la disminución salarial./ El Economista
