El Pulso Laboral

Lunes 25 mayo 2015

02:30 pm

Mercado Laboral

La Ley Federal de Remuneraciones es inconstitucional

Por: Redacción/ El Pulso Laboral

En medio de una gran polémica jurídica y política, el pasado 6 de noviembre entró en vigor la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (Ley de Remuneraciones), que establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la república.

El Congreso de la Unión, controlado por Morena, hizo cambios constitucionales a los artículos 75 y 127 para regular las remuneraciones que perciben todos los funcionarios públicos de los tres poderes de la nación: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de todos los órganos autónomos.

Además, los legisladores blindaron esta ley para que ningún funcionario público le dé la vuelta, ya sea al recibir dinero de más o a ayudar administrativamente a que alguien cobre más, al establecer el delito de pago indebido de remuneraciones, que contempla hasta 14 años de cárcel.

Aun cuando especialistas en materia jurídica destacan el espíritu de la ley, resaltan que esta reforma cae en la inconstitucionalidad, al menos todo lo que se refiere a la reducción de salarios al Poder Judicial, al contraponerse al artículo 94 de la Constitución Política, que no fue modificado, y que establece: "la remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Ministros de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrado Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo".

Aseguran que esta ley de remuneraciones representa un retroceso a la autonomía e independencia judicial, y a los logros adquiridos en materia de institucionalidad en el país.

"Es una reforma que tiene un buen espíritu, un recorte al gasto público en materia federal era necesario, sin embargo esta reducción a los salarios de los integrantes del Poder Judicial, específicamente a ministros, magistrados, jueces de distrito, consejeros, etc., viola una norma constitucional establecida en el artículo 94; así como altera el contrapeso que ejerce este poder", señala Adriana Greaves Muñoz, cofundadora de la asociación civil Tojil - del maya: lo justo o lo correcto- Estrategia contra la impunidad.

Explica que "una democracia tiene tres pies: el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en este caso los dos primeros están en manos del partido Morena, por tanto, el único que representa un contrapeso, que representa otras voces, que tiene la encomienda de defender los derechos de los ciudadanos, es el Poder Judicial que en este momento ve coartada su autonomía y su independencia si se reduce su presupuesto, presupuesto que decide el Ejecutivo".

En pocas palabras, "quien está dando el dinero en realidad tendrá una agenda o un poder especia! sobre las decisiones que tome el Poder Judicial que en teoría su autonomía y su independencia son muy importantes para hacer este contrapeso", dice.

La abogada egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México, afirma desconocer si detrás de esta ley existe una Intención política, pero señala que la parte de bajar los gastos vende bien, sobre todo una ventana de la que se han agarrado para promover la iniciativa es la de quitar las pensiones, que nacieron de un decreto presidencial, a los expresidentes.

"A la población se nos hace un absurdo que reciban 300 mil, 218 mil pesos mensuales, por eso tiene una parte de venta muy atractiva", añade.

Adriana Greaves está de acuerdo en que cualquier tipo de recorte o de control de gastos públicos es bienvenido, es favorable, sin embargo, la forma en que se está haciendo es muy cuestionable, pues se está coartando la Independencia y la autonomía del Poder Judicial.

Agrega que se tiene que entender que, para hacer una buena labor, los servidores públicos, en este caso todos los que pertenecen al Poder Judicial Federal, deben tener un sentimiento de pertenencia, de seguridad laboral, en su institución. Por eso, explica "esta parte de reducción de sus salarios de una manera muy desproporcional hace que aparte de no hacer atractivo el trabajar en este sector también hace que el Poder Judicial se pregunte: ¿estamos haciendo algo mal? Es como si se estuviera castigando cuando en realidad en los últimos años ha logrado consolidarse como una de las mejores instituciones".

En opinión de la maestra en derecho internacional público y derecho comparado, "el Poder Judicial es punta de lanza en protección de derechos humanos, es un poder que hace ese contrapeso. La institucionalidad que maneja, la gente que trabaja dentro de la institución se siente cómoda, independiente, autónoma. Los jueces toman decisiones de manera autónoma en cada caso, no están respondiendo a una agenda política que se determina desde el Ejecutivo".

Aunque reconoce que aún existen pendientes para mejorar esta institución de impartición de justicia. "Se tiene que seguir trabajando, pero es el poder que más trabaja en crear autonomía, contrapeso, en realmente vigilar los derechos de los usuarios, no se entiende el porqué de esta decisión, por eso se ve como un castigo", asegura.

Expresa que "si bajan los sueldos de magistrados y jueces impactará también a los de abajo, al personal que conforma el poder, a los secretarios y oficiales que nadie contempla, que son los que en realidad hacen la chamba arrastrando el lápiz. Es un completo retroceso a la independencia judicial y a los grandes logros en materia de institucionalidad que tiene el país".

La cofundadora de Tojil advierte que "esta Ley de Remuneración no podrá reducir como establece los sueldos de los miembros del Poder Judicial, si no se reforma el artículo 94 de la Constitución, porque en él hay una excepción que dice: los sueldos de ministros, magistrados, jueces de distrito, consejeros del Instituto Nacional Electoral, no podrán reducirse estando en el cargo; en ese sentido, por supuesto que esta ley es inconstitucional".

Destaca que "ese artículo 94 tiene una razón de ser y es para proteger justamente la autonomía e independencia de la toma de decisión del Poder Judicial, para que no pueda responder a una agenda política, que sea el contrapeso del gobierno que está ahorita en el poder y también del que tomará el poder en diciembre".

Aclara que "no importa que la Ley de Remuneraciones esté ya publicada en el Diario Oficial de la Federación, no puede entrar en vigor, porque una ley que es contrária a un artículo constitucional, por jerarquía normativa, no la pueden aplicar, es decir, entra en vigor, pero es inconstitucional, es inaplicable".

"Este artículo 94 ^dice- no se reforma con la expedición de la Ley de Remuneraciones, aunque Morena podría hacer los cambios constitucionales en el momento que lo decida, pues tiene mayoría en el Congreso. Mientras no se modifique no se puede pensar en una estrategia global en defensa de los servidores públicos, aunque quizá ya el Poder Judicial tenga su propia estrategia", dice.

Ante este panorama, Tojil lo que está haciendo es presionar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que interponga una acción de inconstitucionalidad. "Entre sus facultades constitucionales, artículo 105, está la de presentar este recurso, por eso aducimos a que la CNDH utilice esta atribución en defensa de los derechos humanos de la ciudadanía, porque indirectamente al estar coartando la autonomía del Poder Judicial se afectan los derechos futuros de todos los ciudadanos", asegura.

Expresa que "todos necesitamos un tercero ímparcial que decida si el Ejecutivo, por ejemplo, cuando ejecute o aplique una ley viola un derecho de un ciudadano, necesitamos un tercero Ímparcial, que dirima el conflicto".

"Si todos los ciudadanos queremos un Poder Judicial autónomo y libre de decidir, que no responda a una agenda política; si consideramos que aparte de ser violatoria de la Constitución, esta reconoce que se está coartando la parte de su autonomía, nosotros solicitamos a la CNDH que haga ejercicio de sus atribuciones, para eso está, para defender tos derechos de los ciudadanos, tiene esa atribución a nivel constitucional, entonces que la ejerza"./Siempre

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