Aunque se da por sentado que a finales de este noviembre se firmará el T-MEC (el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá), su aprobación en el Congreso estadounidense se condiciona y a la aprobación de las leyes secundarias en materia laboral en México.
Fue una de las exigencias demandadas por parte del ala demócrata durante la renegociación del TLCAN, logrando su adición en la nueva redacción y ahora, a vísperas de la firma de los tres mandatarios, esta fuerza política urge su avance.
La demócrata Nancy Pelosi, próxima presidenta de la Cámara baja, expuso en una entrevista para The New York Times, que las reformas a las leyes secundarias laborales en México deben ser aprobadas antes de 2019 como requisito dentro del texto del T-MEC.
"Hasta el momento (la ratificación del T-MEC) es una obra en progreso. México tiene que aprobar una Ley sobre derechos laborales y eso no ha ocurrido aún", señaló Pelosi en la entrevista.
Agregó que sin los mecanismos de cumplimiento no se tiene nada. "Sin ello se estaría, digamos, sólo estaríamos cambiando la imagen del TLC (original)", agregó la también congresista por California.
La propuesta tendría que ser discutida en el Congreso mexicano. En un encuentro ante la Canacero, Luisa María Alcalde, que será la secretaria de Trabajo y Prevención Social durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la reforma estaría lista hacia diciembre.
Estas leyes debían haberse alistado desde febrero, pero quedaron relegadas hasta que se instalaron de nueva cuenta en las negociaciones del TLCAN, transformado en USMCA (por sus siglas en inglés o T-MEC, en México).
"En unos días estarán listas estas leyes y se presentarán ante el Congreso", aseguró la futura funcionaria en su encuentro con los representantes del sector siderúrgico en octubre.
Estas leyes deben responder a una necesidad de mejorar el sistema de justicia laboral, por lo que se encaminan a trabajar en las juntas de arbitraje, que los nuevos procedimientos de juicios laborales sean más ágiles y la creación de un nuevo instituto de conciliación laboral./La Política Online
