El Pulso Laboral

Lunes 25 mayo 2015

02:30 pm

Mercado Laboral

López Obrador encuentra el primer conflicto de su mandato en el poder judicial 

Por: Redacción/ El Pulso Laboral

Más de 2.000 empleados de la judicatura, entre ellos 600 magistrados, descontentos por la primera reforma del Gobierno de Morena -con la que López Obrador ha decretado que nadie en la Administración pública gane más que él-, han promovido juicios de amparo para impugnar normas generales que se consideran violatorias de los derechos humanos. La demanda dice que esta reforma "es contraria al orden constitucional". "El Poder Judicial goza de autonomía para disponer de sus recursos, por lo cual no tiene obligación de someter al escrutinio del Poder Legislativo las remuneraciones que asigne a jueces y magistrados federales", afirma la demanda.

México vive una invisible guerra de baja intensidad. Dos potentes fuerzas están por chocar bajo la superficie justo en el inicio del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien tomó posesión del cargo el sábado. La primera es el impulso transformador que ha abierto la era presidencial del líder de izquierdas con un discurso de austeridad y en contra de las élites. La otra es el poder judicial, que ha alzado la voz en lo que considera "un claro contexto de debilitamiento" por los ataques a la independencia judicial.

El enfrentamiento podría derivar en el máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia, quien podría dirimir un conflicto institucional entre el poder Ejecutivo y el Judicial. Más de 2.000 empleados del sistema judicial -entre ellos 600 magistrados- han promovido juicios de amparo, un proceso en el que se impugnan normas generales que se considera que violan los derechos humanos.

Los funcionarios se han mostrado inconformes por la primera reforma del Gobierno del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la de dos artículos 75 y 127 de la Constitución con la que López Obrador ha decretado que nadie en la Administración Pública gane más que el mandatario.

El presidente recortó un 40% su sueldo y lo fijó en 108.000 pesos mensuales (unos 4.700 euros). La demanda afirma que esta reforma "es contraria al orden constitucional". "El Poder Judicial goza de autonomía para disponer de sus recursos, por lo cual no tiene obligación de someter al escrutinio del Poder Legislativo las remuneraciones que asigne a jueces y magistrados federales", afirma la demanda, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Esta crisis escaló porque el Poder Judicial se fue quedando sin interlocución ante el nuevo Gobierno. Una comisión visitó al senador Ricardo Monreal. de Morena, después de que este presentara en octubre una polémica iniciativa para "sacudir" el sistema judicial con una propuesta de gran envergadura para rotar jueces, hacerles pruebas de polígrafo y modificar sus encargos.

Este fue el primer aviso que puso en guardia a los magistrados. Tras visitar al legislador, la comisión ejerció presión en todos los escalafones de Morena. Siguió una visita a Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación [ministra del Interior] con la que encontraron buena sintonía porque fue ministra (magistrada) del Supremo entre 1995 y 2015. A ella siguió el cabildeo con Julio Scherer, el abogado de la presidencia. Por último, los jueces pudieron comunicar sus preocupaciones al propio López Obrador en una reunión a puerta cerrada. El entonces presidente electo intentó tranquilizarlos diciendo que no había una agenda contra ellos.

Pero la realidad mandaba otras señales. Las alarmas saltaron el 5 de noviembre, cuando fue publicada la norma sobre los salarios. El viernes 21, la magistrada Sonia Rojas, de Sinaloa, promovió un amparo para que su sueldo no se vea afectado en enero, cuando entre en vigor el presupuesto de 2019. Su demanda fue aceptada en un tribunal. Desde entonces, cientos de jueces federales han seguido el ejemplo en un caso en el que son juez y parte. "El impacto de la ley va a ser el contrario al buscado: riesgo de apertura de las puertas a la corrupción", afirma la demanda.

Esta es la apuesta del sistema judicial para rebajar el empuje transformador de Morena.
Está por verse si es suficiente para lograrlo. El antecedente más próximo del choque entre el Poder Judicial y el Ejecutivo se dio en diciembre de 1994, cuando el presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) dio un manotazo en la mesa y redujo el pleno de la Suprema Corte de 26 a 11 miembros. Era un gesto de autoridad igual que el que pretende hacer López Obrador en el arranque de su mandato.

El choque con el Poder Judicial es el primero al que se enfrenta el nuevo presidente de México, que tras la victoria del 1 de julio tiene una mayoría absoluta en las dos Cámaras del Congreso, por lo que la oposición política es simbólica mientras el PAN y el PRI tratan de recomponerse después de la derrota electoral y la ausencia de liderazgos claros. Los jueces, en ese sentido, se perfilan como la única contención a López Obrador.

Hasta el pasado viernes se habían presentado 440 procesos que incluyen a 2.194 querellantes, entre ellos 291 jueces y 323 magistrados de circuito. Fuentes del Poder Judicial estiman que la cifra aumentará rápidamente entre los 1.429 puestos más altos del sistema judicial: ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces de distrito, consejeros de la judicatura y magistrados electorales./El País

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