La secretaria del Trabajo en el Estado de México, Martha Hilda González Calderón, lamentó que el acoso laboral sea una falta que siga sin denunciarse y que por tal motivo exista una cifra negra de dichos eventos, además destacó que desde el año pasado se instaló un protocolo para atender esta problemática, pero que no todos están dispuestos a evidenciar a sus acosadores. 

En el Valle de Toluca alrededor de 3 por ciento de las demandadas de este tipo están relacionadas con despidos injustificados a causa de un embarazo o porque las mujeres que tuvieron un hijo se incorporan a su centro laboral pidiendo respeto a los derechos que marca la legislación actual. 

"Aunque hay un tipo penal no todos están preparados a denunciar por miedo de perder su trabajo, en la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) encontramos casos de acoso y hostigamientos, ahora debemos facilitarle a las victimas la confianza para señalar legalmente estos hechos", aseveró la titular de la dependencia. 

Pese a todo, sostuvo, hace falta comunicar tanto a los empleadores como a los trabajadores el mencionado protocolo contra el hostigamiento y el acoso laboral y sexual para que las personas no sean víctimas a consecuencia de desconocer sus derechos. 

"No han sido muchos casos pero con uno que suceda es suficiente para actuar", expresó González Calderón. 

En mayo de 2018, el Estado de México fue la tercera entidad a nivel nacional en implementar el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal. 

Cabe señalar que en el caso de aquellos patrones que incurren en el despido de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, la ley laboral contempla el pago de indemnizaciones, salarios caídos, asi como la aplicación de sanciones económicas, que en suma podrían alcanzar hasta los 5 mil salarios mínimos como multa. 

De acuerdo conlaSTyPS, hasta septiembre en la entidad solo se habían denunciado dos casos; a la fecha, el protocolo ha sido adoptado por empresas del sector público y privado, lo que obliga a que en cada contrato colectivo se aplique una cláusula donde se especifique el rechazo absoluto al hostigamiento y acoso laboral. 

La ley indica que acoso, es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva aun estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice uno o varias veces; y hostigamiento, es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente a la agresora en los ámbitos laboral y escolar, ambas agresiones están relacionadas con la sexualidad connotación lasciva. 

Cada contrato debe tener una cláusula rechazando el hostigamiento./Milenio Estado de México