Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, celebrado cada 10 de diciembre, vienen al escenario global múltiples reflexiones en torno al respeto de las garantías individuales, fundamentales para proteger la dignidad humana y el desarrollo integral en un entorno de paz, siempre y cuando se cumplan los indicadores básicos relacionados a salud, educación y economía.

Un común denominador entre estos tres factores suele ser el trabajo, abordándolo no solo en términos de acceso sino lo que es posible a través de éste: disminuir los índices de pobreza, aumentar las tasas de alfabetización así como de personas con seguridad social y cobertura de salud.

Conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.”

Lo anterior se traduce en retribuciones salariales, jornadas y trato igualitario, aunado a otra serie de ventajas referidas al empleo.

En este contexto, en México ha repercutido positivamente en el desarrollo social de las comunidades, gracias a la creación de empleo, de mejores oportunidades, de trabajo digno y un ingreso familiar seguro, entre otros beneficios generados por diversos sectores, sin importar si son organismos públicos o privados e incluso el giro al que se dediquen.

Por ejemplo, en la zona norte de Quintana Roo son más de mil empleados dedicados a brindar los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento para más de un millón de habitantes a través de la concesionaria Aguakan, quien se mantiene apegada a los lineamientos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, garantizando condiciones de trabajo justas y proporcionándoles prestaciones adicionales en materia de salud, seguridad laboral, capacitación, desarrollo personal y profesional, entre otras.

Tanto en el estado como en el resto del país resulta crucial seguir impulsando iniciativas que fomenten una cultura laboral más fuerte, con directrices alineadas a normas nacionales, acuerdos internacionales y multilaterales, los cuales protejan a su vez los derechos humanos y eviten el impacto negativo o retroceso sobre la población./La Jornada Maya