Sólo los funcionarios de las dependencias que regresen el pago de su indemnización por despido o renuncia podrán volver a la administración pública antes de que hayan pasado 12 meses del cese, de acuerdo a una disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El objetivo es "impulsar una política de austeridad republicana", puntualiza el oficio firmado por Carlos Urzúa, titular de la dependencia.

Por medio de un oficio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dictó a todas y cada una de las dependencias de gobierno que los senadores públicos que hayan sido beneficiados con el pago de una indemnización por la terminación de su relación laboral en términos de la ley, no podrán ser contratados nuevamente por un periodo de 12 meses, contados a partir de la fecha en la que haya dejado de surtir efecto su nombramiento, a menos de que regresen el dinero que recibieron por tal motivo.

La prohibición queda cancelada en caso de que el servidor público reembolse íntegramente el monto de indemnización que haya recibido. "La prohibición señalada no será aplicable en caso de que el senador público beneficiado reembolse íntegramente al ejecutor de gasto correspondiente el monto de la indemnización laboral que haya recibido", refiere el oficio.

"Es objetivo de la administración impulsar una política de austeridad republicana que permita la redistribución del gasto público en pro de la población menos beneficiada", puntualiza el oficio con fecha del 7 de diciembre pasado y firmado por el secretario de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa Macías, y firmado además por Raquel Buenrostro Sánchez, oficial mayor de la dependencia, y Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaría de Egresos; con copia para Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública.

En el oficio 0094, dirigido a los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federarse subraya que se tiene "como propósito fortalecer el ejercicio de los recursos públicos con criterios de eficiencia y transparencia; y con el objetivo primordial de liberar mayores recursos para satisfacer las necesidades de la población".

La orden a seguir es que a partir de ayer no se podrá realizar contrataciones de personal en plazas presupuestarias de carácter permanente, eventual y contrataciones de prestación de servicios profesionales por honorarios con cargo a su presupuesto autorizado.

Aunque, refiere el oficio, sí 'podrán realizar la contratación de personal en las plazas adscritas a las Unidades de Administración y Finanzas siempre que los Titulares de éstas justifiquen la necesidad de mantener la continuidad en el funcionamiento de la Unidad de Administración y Finanzas correspondiente".

De acuerdo a datos del INEGI y recopilados por la Escuela de Políticas Públicas, en México existen 5 millones de burócratas contratados en los tres órdenes de gobierno: Federal, estatal y municipal. De los cuales un millón 700 mil están contratados por las instituciones federales centralizadas, 18 secretarías de estado y los 74 órganos desconcentrados.

Otros 2 millones 234 mil son senadores públicos que trabajan para los gobiernos de las entidades, donde el Estado de México y CdMx tienen la mayor contratación, por arriba de los 230 mil cada una. En los municipios los burócratas alcanzan casi el millón./Contra Réplica