El Pulso Laboral

Lunes 25 mayo 2015

02:30 pm

Mundo Laboral y RR.HH.

Recorte a estancias infantiles, golpe a la vida laboral de las mujeres

Por: Redacción/El Pulso Laboral

Equis Justicia para las Mujeres, Fondo Semillas, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, entre otras organizaciones, rechazaron la disminución a 2,000 millones de pesos al programa de estancias infantiles.

“El Estado debe garantizar condiciones para conciliar vida personal y laboral y fortalecer el acceso a servicios de cuidado infantil”, afirman en un comunicado conjunto.

Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, debido a que su gobierno detectó irregularidades en el manejo del presupuesto para las estancias infantiles, el apoyo se dará directamente a las madres y padres de familia.

“Vamos a hacer rendir el presupuesto en más de 30% porque en el censo que estamos haciendo estamos encontrando que no se entregaban los fondos completos, tenemos pruebas de que había corrupción en la entrega de los apoyos a la gente”, expuso en conferencia de prensa.

Explicó que cada mes los padres y madres recibirán 1,600 pesos destinados al cuidado de sus niños menores de 4 años.

El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, agregó que la idea es que ese dinero lo pueden utilizar para pagarle a la abuela, “que va a cuidar, quizá mejor, a los niños que las propias estancias infantiles”.

Esta última declaración del funcionario también fue criticada por las agrupaciones civiles. “Las irregularidades y el desvío de recursos detectados en el programa de estancias infantiles no se resuelven aumentando la carga de trabajo a las mujeres”, expresan las organizaciones.

Las declaraciones de Urzúa, insisten, refuerzan los estereotipos de género y minimizan la obligación que tiene el Estado de eliminar los obstáculos para que hombres y mujeres puedan garantizar el cuidado de sus hijos e hijas.

Algunas cifras

Del total de niños y niñas entre 0 y 6 años de edad que no son cuidados por sus padres o madres, 51.2% son cuidados por las abuelas.

Mientras que 11.3% asiste a estancias infantiles o guarderías públicas, 4.3% a guarderías privadas y 33.3% se encuentran bajo el cuidado de otras personas, de acuerdo con información de GIRE.

Es decir, sólo 1 de cada 10 es atendido por instancias del gobierno o subsidiadas por éste, “lo que evidencia la falta de disponibilidad de servicios de cuidado infantil”.

En México, 70% del trabajo de cuidados lo realizan las mujeres, y el que haya poca infraestructura de cuidado infantil sólo abona a que esta situación continúe.

La relación entre la vida laboral y personal “se encuentra inserta en una estructura de discriminación y desigualdad de género, afirman.

La falta de conciliación afecta a toda la sociedad y el Estado está obligado a generar y promover las políticas públicas necesarias para alcanzarla, exigieron.

Mayor brecha de desigualdad

El ajuste presupuestal de casi 50% al Programa de Estancias Infantiles podría restringir el derecho de niños a la educación y estimulación temprana, así como a vivir en condiciones de bienestar, indicó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El organismo expresó su preocupación por el impacto que puede generar esta decisión, ya que ello implicaría gastos extras para madres y padres afectados que tendrán que buscar otras opciones para cuidar a sus hijos durante su jornada laboral.

La CNDH expuso en un comunicado que el ajuste por más de 2,000 millones de pesos puede representar también una medida que ahonde las brechas de desigualdad de género en el país, según lo dio a conocer el presidente de ese organismo, Luis Raúl González Pérez.

Ello se debe a que las mujeres trabajadoras podrían verse obligadas a renunciar a su empleo para asumir el cuidado de niñas y niños, en detrimento de sus derechos a la igualdad sustantiva, acceso al empleo, y a la independencia económica.

Por ello, el organismo defensor de los derechos humanos destacó la necesidad de que autoridades ponderen si las transferencias económicas directas a las familias resultan pertinentes y viables para garantizar los derechos de niñas y niños en primera infancia.

Lo anterior se debe a que, considerando los altos índices de pobreza y vulnerabilidad social, es probable que los apoyos económicos que eventualmente se entreguen, sean destinados a cubrir otras necesidades básicas y no a garantizar los derechos de la niñez./El Economista 

 

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