La reforma laboral de los diputados de Morena, que respalda la Secretaría del Trabajo, es la apuesta del gobierno de López Obrador para empoderar a los trabajadores en la elección de dirigentes sindicales y en la revisión de salarios y contratos frente a sindicatos y empresas, así como para acabar con los contratos de protección patronal, coincidieron expertos.
Fernando Yllanes, miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT dijo que derivado de los compromisos de México en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC se ha empoderado a los trabajadores y ahora contarán con el voto secreto para renovar dirigencias, para construir comisiones revisoras de contratos colectivos, emplazar a huelga y para solicitar la revisión de los contratos.
En materia laboral sí va a haber una transformación y los contratos de protección patronal se van a morir porque el T-MEC obliga a que cada cuatro años se revisen todos los contratos colectivos, expuso el socio director del Bufete Yllanes Ramos.
Carlos de Buen, director general del Bufete De Buen, señaló que lo que se discutirá en la Cámara de Diputados serán cambios a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para reconocer la libertad sindical y el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva, así como prohibir toda interferencia patronal en las actividades sindicales.
Para Carlos Ferrán, socio del Bufete Cuesta Campos, si bien habrá cambios a la LFT para fortalecer la negociación colectiva, no se debe olvidar que la reforma también abordará modificaciones para transitar de las juntas de conciliación y arbitraje a juzgados y hacer más expeditos los juicios laborales.
Si limitamos la reforma a lo colectivo, sin duda se empodera al trabajador porque vamos a necesitar sindicatos más activos y porque el gobierno va contra los contratos de protección, pero la modificación procesal va en beneficio no solo de los trabajadores sino de las empresas, ya que ambas quieren juicios más rápidos, expuso.
La reforma a la LFT es obligatoria para cumplir tres ordenamientos: Reforma constitucional en materia de justicia, de febrero de 2017, Capítulo Laboral del T-MEC que pide representatividad de trabajadores en la negociación colectiva y la ratificación del Convenio 98 de la OIT que establece libertad de asociación sindical y negociación colectiva. /El Financiero
