El Pulso Laboral

Lunes 25 mayo 2015

02:30 pm

Mundo Laboral y RR.HH.

Crece precariedad laboral en México

Por: Redacción/El Pulso Laboral

La extendida precariedad laboral en México se agrava entre los grupos más vulnerables (mujeres, jóvenes, población asalariada del sector agropecuario, trabajadores con alguna discapacidad, población indígena, población migrante), revela el Estudio Diagnóstico del Derecho al Trabajo 2018, realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Y es que la precariedad en el empleo, se suma al problema de las percepciones, porque un millón y medio de trabajadores (20% de ellos formales) perciben un salario mínimo en la actualidad.

En el análisis se destaca que la brecha más importante en el mercado laboral mexicano es el bajo porcentaje de participación de las mujeres con respecto a los hombres, a pesar de tener un leve incremento entre 2009 y 2017, pasando de 41.6% a 42.8%.

Además, el principal problema que enfrenta la población joven es la falta de oportunidades de empleo. Además, tienen una mayor presencia entre los desempleados (tasas de desempleo de más del doble que los adultos).

BRECHA LABORAL

Pero, principalmente, las brechas en ingresos y en el acceso al trabajo subordinado con prestaciones laborales y seguridad social, son muy marcadas al comparar el sector agropecuario y no agropecuario.

Y por lo anterior el Coneval recomienda: Incrementar el salario mínimo cumpliendo los requerimientos de la definición constitucional Resalta que los bajos ingresos que se obtienen por parte del trabajo asalariado y ocupados merecen una atención particular.

El señalamiento se justifica en virtud de la pérdida de poder adquisitivo del SMG, ubicado por debajo de la línea de pobreza, y del efecto gravitacional de esta institución a los perceptores de hasta cuatro salarios mínimos, tanto sobre los trabajadores formales como informales.

Ello permite establecer la correlación entre la pobreza de la población y la política gubernamental en esta materia. Esto último se desprende de la investigación de Negrete y Luna (2016) basado en la ENOE y el Módulo de Condiciones Socioeconómicas-Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Elogares.

Sin embargo, los resultados de estos autores contrastan, hasta cierto punto, con los estudios que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos realizó a partir de la misma fuente y que concluyeron que los perceptores del salario mínimo no son, en su mayoría, los que contribuyen, principalmente, a los ingresos de los hogares.

Es necesario dar un viraje en la política de salarios mínimos para iniciar, por fin, su postergada recuperación, ya que, como lo registra una amplia literatura, sus efectos van mucho más allá de un imperativo de justicia social, se indica en el estudio.

POR RAZONES DE SEXO Y EDAD

Así, se revela una extendida precariedad laboral en el país, agravada, según el caso, por razones de sexo y edad, así como entre los grupos más vulnerables.

Al comparar las brechas en el acceso a un empleo de calidad para estos grupos, frente a la situación de la población trabajadora que no presenta esas características, se identificaron los problemas para hacer efectivo el derecho a la igualdad y la no discriminación, atributo del derecho al trabajo digno.

Un ejemplo al respecto es la baja tasa de participación en el mercado laboral de las mujeres (casi la mitad que la de los hombres) y su menor disposición a ampliar las horas de trabajo; esto, de acuerdo con investigaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) puede estar relacionado con la falta de acceso al servicio de guarderías (Sedesol, 2009).

Por ello, incrementar el salario mínimo cumpliendo los requerimientos de la definición constitucional es otra de las tareas importantes para, junto con la mayor productividad, alcanzar el objetivo de promover el empleo como el principal mecanismo de inclusión social y cubrir las exigencias del derecho al trabajo digno, al mismo tiempo que reducir la pobreza por ingresos.

Un millón y medio de trabajadores (20%) de ellos formales) perciben un salario mínimo en la actualidad y se beneficiarían de ese incremento, ya que las personas más jóvenes, los adultos mayores, las que realizan trabajo doméstico remunerado, quienes tienen menor escolaridad (primaria incompleta y completa trabajan en establecimientos de menor tamaño o como jornaleros agrícolas están más representados entre quienes ganan hasta dos salarios mínimos.

Además, como lo mostró el estudio de Negrete y Luna (2016 el efecto gravitacional del salario mínimo general abarca a casi once millones de personas.

En un país en donde la calidad y la cobertura de la negociación colectiva son muy limitadas, el papel del salario mínimo se vuelve un instrumento prioritario en la lucha contra la pobreza dentro del mercado laboral.

El Coneval apunta: además del incremento en el salario mínimo, también debe plantearse la necesidad de promover el incremento de la productividad y, con ello, crear valor agregado para toda la población. Como ya se mencionó, en México no ha habido incrementos importantes en la productividad general; esto, en un contexto de informalidad laboral que no ofrece seguridad social ni incentivos para emplear a trabajadores con altos niveles educativos.

Esta circunstancia provoca que cada vez menos personas tengan prestaciones sociales que les ayuden a afrontar eventos coyunturales o percibir un ingreso durante la vejez.

En las acciones encaminadas a promover el empleo digno, la igualdad, el acceso a la justicia social y la erradicación de la pobreza- el Coneval muestra las brechas de cumplimiento en el acceso y el disfrute del derecho al trabajo digno, que afectan en mayor medida a los grupos en situación de desventaja.

En el Estudio Diagnóstico del Derecho al Trabajo 2018, el Consejo identifica y mide las brechas de cumplimiento en el acceso y disfrute del derecho al trabajo digno por parte de la población, con el objetivo de contribuir al diseño de una política con enfoque de derechos sociales en la materia.

PRINCIPALES HALLAZGOS

Entre los principales hallazgos destaca la extendida precariedad laboral en el país, agravada entre los grupos más vulnerables (mujeres, jóvenes, población asalariada del sector agropecuario, trabajadores con alguna discapacidad, población indígena, población migrante.

Al comparar las brechas en el acceso a un empleo de calidad de estos grupos frente a la situación de la población trabajadora que no presenta esas características, se identificaron problemas para hacer efectivo el derecho a la igualdad y la no discriminación, atributos del derecho al trabajo digno.

Asimismo, al considerar la dimensión de efectividad en el disfrute del derecho al trabajo digno se observa que los tres pilares que deberían garantizar su vigencia plena y evitar la desigualdad en el acceso a la protección por parte de la población (la justicia laboral, la inspección del trabajo y el libre ejercicio de los derechos colectivos) muestran serias fallas de diseño e implementación que requieren atención.

MUJERES

La brecha más importante en el mercado laboral mexicano es el bajo porcentaje de participación femenina con respecto a la masculina, a pesar de tener un leve incremento entre 2009 y 2017, pasando de 41.6% a 42.8

En este último año, la participación fue mayor en las áreas más urbanizadas (47.2%) y en el área urbana media (46.7%) mientras que en el área rural tan solo 31% de las mujeres participó en el mercado laboral. Adicional a lo anterior, en México las mujeres destinan 20.5 horas semanales al trabajo remunerado frente a 44.9 horas en el caso de los hombres.

En el trabajo no remunerado, la diferencia es mayor: 54.1 horas que destinan las mujeres frente a 19.5 horas que destinan los hombres.

Estas diferencias representan obstáculos para que las mujeres puedan participar en el mercado laboral en igualdad de condiciones que los hombres.

El acceso a guarderías para las madres trabajadoras, tanto en el caso de quienes tienen acceso a este derecho como parte de sus prestaciones laborales como quienes no cuentan con esta prestación, es fundamental para lograr el aumento de la tasa de participación femenina.

JÓVENES

El principal problema que enfrenta la población joven es la falta de oportunidades de empleo. Además, tienen una mayor presencia entre los desempleados (tasas de desempleo) de más del doble que los adultos

En 2017,5.9% de las personas entre 1529 años se encontraban desempleadas. Este grupo también reporta los mayores porcentajes de informalidad con 60.6%.

TRABAJADORES CON ALGUNA DISCAPACIDAD

El desempleo afecta en mayor medida a la población con discapacidad respecto a la que no la presenta. En 2010, la tasa de desempleo en general era de 4.5 mientras que para quienes tenían una discapacidad este porcentaje era de 6 Sobre la derechohabiencia, 65.5% de los hombres y 69.1% de las mujeres con alguna discapacidad cuentan con este derecho social, siendo menor el porcentaje en las personas sin discapacidad, que representa 62.2% en hombres y 67% en mujeres.

POBLACIÓN ASALARIADA DEL SECTOR AGROPECUARIO

Las brechas en ingresos, así como en el acceso a trabajo subordinado con prestaciones laborales y seguridad social, son muy marcadas al comparar el sector agropecuario y no agropecuario. En 2017,8.5% de las personas asalariadas, se encontraban en el sector agropecuario.

En cuanto a sus remuneraciones, 74.6% percibe hasta dos salarios mínimos generales y la mitad solo hasta uno. Además, mientras que 12.9% de los trabajadores asalariados agropecuarios tiene acceso a la seguridad social, la proporción es de 57.8% en los asalariados no agropecuarios.

POBLACIÓN INDÍGENA

En 2015, la tasa de participación laboral de los hombres indígenas fue de 74.3% y de las mujeres indígenas de 31.4%. Considerando el acceso a prestaciones laborales encontramos que en todos los casos las personas indígenas se encuentran en peor condición, por ejemplo, ocho de cada diez nunca han contribuido a la seguridad social.

POBLACIÓN MIGRANTE

En el periodo de 2000 a 2015, los salarios de los migrantes de retorno se han deteriorado, de tal manera que sus ingresos promedio mensuales son inferiores a los de no migrantes.

Además, tienen menor acceso a prestaciones médicas o ahorro para el retiro que la población no migrante, ya que 41.1% de estos trabajadores subordinados no tienen estas prestaciones contra 56.4% de los trabajadores subordinados no migrantes. //La Prensa 

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