Al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) no le preocupa la aplicación de la nueva reforma laboral encaminada a “democratizar el mundo del trabajo”, tampoco las acciones del nuevo gobierno de cara a la universalización de los servicios de salud, pero lo que sí le preocupa es que se mantengan los conflictos laborales con huelgas en el país, y demanda la participación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) federal para que encamine las negociaciones entre patrones y trabajadores, porque de lo contrario se contamina el ambiente laboral.

En entrevista con El Economista, el secretario general del SNTSS, Arturo Olivares Cerda, explicó que este año al Sindicato del Seguro Social le corresponde revisar el contenido del contrato colectivo de trabajo, como sucede cada dos años, y eso puede representar un riesgo para uno de los sindicatos más grandes del país.

En abril, la organización sindical realizará una asamblea ordinaria para elaborar el pliego de peticiones que presentarán a la dirección del IMSS, siempre “en defensa de los derechos laborales”, afirmó el dirigente.

Aseguró que las modificaciones a la reforma laboral podrían complicar la operación del mismo en cuanto a presentar los informes sobre el uso de las cuotas sindicales, y pidió que desaparezca el outsourcing, pues se han dañado las finanzas del IMSS con la evasión de los pagos correctos de las cuotas obrero-patronales

Sanciones, medida correctiva en el SNTSS

Olivares Cerda rechazó que al interior del sindicato se frene la “democracia”, y afirma que las sanciones que se han aplicado a trabajadores del IMSS, incluido el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Jesús Baldenebro, obedecen a que faltaron a los códigos de ética que deben privar entre los trabajadores. Comentó que las sanciones se aplican fundamentalmente porque se detectaron malversación de fondos, abuso del poder, maltrato a los trabajadores y que utilicen el puesto para beneficios personales.

En ese sentido, presentó una lista en donde se tiene un registro de 1,442 trabajadores sancionados sindicalmente hasta diciembre del 2018; cantidad que dista mucho de las 4,000 que reportan trabajadores del IMSS.

“Las apreciaciones que hace el presidente de la Comisión de Trabajo —debido a que fue destituido de sus funciones sindicales— no son las correctas; él llegó a la sección VII de Baja California Norte en un proceso democrático, con voto secreto y libre de los trabajadores, él ganó con 25% de los trabajadores, y después de unas denuncias él fue destituido, y no expulsado en junio del 2018, pues se encontraron presuntas desviaciones de recursos de los trabajadores y aún está en investigación”, explicó. Añadió que es un sindicato que cada seis años cambia la dirigencia nacional y cada tres años a los delegados sindicales, los estatutos no permiten la reelección. //El Economista