El Pulso Laboral

Lunes 25 mayo 2015

02:30 pm

Mercado Laboral

Reforma laboral con mano dura, a la vista

Por: Redacción/El Pulso Laboral

La reforma laboral les cerrará la puerta a los acuerdos en lo oscurito entre empleadores y sindicatos. 

De acuerdo con el proyecto de dictamen de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que se pondrá a discusión entre los diputados en los próximos días, los actos de extorsión o entrega de dádivas entre líderes sindicales y patrones causarán la pérdida del registro de la organización obrera. 

Los legisladores agregaron que esta disposición dentro de la propuesta original de reforma que presentó la bancada de Morena en la Cámara de Diputados a nombre del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es una medida para evitar la corrupción en las negociaciones contractuales. 

“Se considerará que un sindicato incumple con su objeto o finalidad cuando sus dirigentes, apoderados o representantes legales incurran en actos de extorsión en contra de los patrones, exigiéndoles un pago en dinero o en especie para desistir de un emplazamiento a huelga o abstenerse de iniciar o continuar un reclamo de titularidad de contrato colectivo de trabajo”. 

Estos ajustes van de la mano con medidas que fueron incluidas en el proyecto para evitar la figura de los sindicatos “fantasma” y el uso de los contratos de protección. 

Ayer, la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados presentó, en sentido positivo, el dictamen de la reforma en materia de justicia laboral, cuyo eje rector es el fortalecimiento de los mecanismos de la contratación colectiva, así como la libertad sindical y la creación de tribunales laborales. 

Lo anterior, permite “dar cumplimiento a estos compromisos internacionales, y sin perjuicio de la autonomía sindical que rige para los procedimientos de deliberación interna de los sindicatos”, refiere el documento que presentó la Comisión de Trabajo que encabeza el legislador del Partido Encuentro Social (PES), Jesús Baldenebro Arredondo. 

En un documento de más de 600 páginas, refiere que éste “logra los consensos que permitan establecer un nuevo paradigma en la impartición de justicia laboral, los esquemas de libertad sindical y los procesos de negociación colectiva, que responda a las necesidades y al contexto actual de las relaciones laborales”. 

Tras la reforma, ninguna organización sindical podrá demandar la titularidad de un contrato colectivo de trabajo si no cuenta entre sus afiliados con trabajadores de la empresa en cuestión. Esta disposición fue incluida dentro del catálogo de “actuaciones improcedentes” y que podrán ser denunciadas ante el Poder Judicial. 

En el proyecto de dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en San Lázaro los diputados advierten que se ha abusado de la figura de los sindicatos fantasma en México, lo que ha corrompido las negociaciones de los contratos colectivos de trabajo. 

“Un producto de las huelgas por extorsión han sido los miles de contratos de protección que han sido firmados a espaldas de los trabajadores y al amparo de una legislación que no requiere la representatividad de los ‘líderes’ sindicales que ejercen este derecho, muchas veces sin tener siquiera trabajadores o un centro de trabajo en operaciones”, se puntualiza en el documento. 

Adiós al tripartismo 
Con la reforma laboral desaparecerán las juntas de conciliación y arbitraje, las cuales serán sustituidas por un órgano independiente, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, tal como se propuso en la iniciativa de Morena, el cual se encargará de la resolución de conflictos previo a la fase judicial y del registro de los sindicatos. 

En las audiencias públicas que llevó a cabo la Comisión de Trabajo, diversos líderes sindicales y representantes de la Iniciativa Privada pidieron que se mantuviera la estructura tripartita en el nuevo organismo, tal como operan actualmente las juntas de conciliación. 

Sin embargo, los legisladores decidieron mantener la naturaleza independiente del Centro de Conciliación y no incluir la participación de la representación patronal y la obrera. Lo anterior, se expresa en el dictamen, porque “el tripartismo genera una especie de simulación en la solución de los conflictos”.

El director general será designado por el Senado de entre una terna propuesta por el Presidente de la República. Su Junta de Gobierno será integrada solamente por los secretarios del Trabajo y de Hacienda, y los titulares de los institutos nacionales de Estadística y Geografía (Inegi), de Acceso a la Información (Inai) y Electoral (INE). 

El tripartismo, se afirma en el documento, no debe “criminalizarse”, ya que así operan actualmente organismos como el IMSS, el Infonavit y el ISSSTE. Sin embargo, en la resolución de conflictos laborales es necesaria la independencia del mediador. //El Economista 

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