Congresistas estadunidenses, en especial del Partido Demócrata, condicionan la ratificación del Acuerdo de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a que nuestro país cumpla con lo convenido en materia laboral.
Incluso han viajado a México para verificar la implementación de la reciente reforma en esa materia, confirmó el senador Napoleón Gómez Urrutia, quien ha recibido a grupos de legisladores del vecino país del norte y recién fue invitado a Washington por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para tratar ese tema en los próximos días.
El senador de Morena y dirigente del Sindicato Minero dijo que es un hecho que en el Congreso estadunidense están muy pendientes de la puesta en marcha de las nuevas normas que dan a los trabajadores mexicanos libertad y democracia sindical, por lo que son necesarios mecanismos de financiamiento y de supervisión que permitan concretar esos derechos.
Aseguró que le preocupa, y así lo ha expresado como presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, la obligatoriedad que México adquirió para cumplir con los acuerdos en materia de derechos laborales, sindicales y humanos de los trabajadores.
Sobre todo, sostuvo, porque en la práctica se mantienen vicios de anteriores administraciones en las que la violación de los derechos era una constante y persisten prácticas de corrupción en sindicatos y contratos patronales.
Entre las autoridades también es un tema primordial.
Durante su comparecencia, la semana pasada, ante la Comisión permanente, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hizo notar a diputados y senadores que la preocupación principal de los congresistas de Estados Unidos, los demócratas en particular, es la implementación de esta reforma laboral.
Ello se debe, dijo, a que gran parte de lo establecido en la carta paralela en materia laboral del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, nunca se llevó a cabo en México.
El canciller resaltó que por ello recientemente se presentó a Nancy Pelosi y su equipo la hoja de ruta sobre la implementación de la nueva legislación laboral. //La Jornada
