En medio de la pandemia del COVID-19, las empresas farmacéuticas del país demandaron a legisladores federales y Gobierno de la República que exista una mayor transparencia en las contrataciones públicas y que se fomente la sana competencia.
En un encuentro virtual con líderes parlamentarios de la Junta de Coordinación Política e integrantes de la Mesa Directiva de la Presidencia de la Cámara de Diputados, la presidenta de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam), Cecilia Bravo Lamicq, demandó a los diputados de todos los partidos políticos legislar para que en las contrataciones públicas prevalezca “la transparencia y la competitividad y poder ofrecer precios bajos e integrar cadenas productivas, mediante compras del sector público, sin que ello implique un mayor gasto”.
Enmedio de la polémica por las compras poco transparentes de equipos médicos en el IMSS, planteó que, sobre el tema de las contrataciones públicas es importante “garantizar medicamentos seguros, oportunos, eficaces, asequibles y de calidad, a través de un esquema de adquisiciones que permita al sector farmacéutico y al Estado asegurar la transparencia, fomentar la competencia y obtener mejores condiciones de compra para el Gobierno, en beneficio de la población”.
En respuesta, el presidente de la Junta de Coordinación y coordinador de la mayoría de Morena, Mario Delgado Carrillo, y la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Angélica Rojas Hernández, del PAN, ofrecieron diálogo sobre la necesidad de una nueva legislación que garantice a los mexicanos el acceso real y gratuito a la atención médica y tratamientos.
Aseguraron que revisarán que la ley fomente la competitividad, detone a la industria farmacéutica nacional y esto permita un verdadero acceso universal a la salud y a medicamentos de bajo precio para toda la población.
“Pongámonos una meta alta de hacer una legislación que favorezca a la industria mexicana, por un tema de soberanía, de seguridad nacional. Tan sólo incluir esos criterios en la ley, cambiarán por completo las prioridades y eso es algo que compartimos todos los partidos políticos”, expresó Delgado Carrillo.
En el encuentro, la presidenta de la Anafam les expuso que, en el marco de la pandemia generada por el COVID-19, resulta preponderante elaborar un marco jurídico que contemple el acceso a la salud como un asunto de soberanía y seguridad nacional, ya que de esta forma se promovería la fabricación de medicamentos seguros, eficaces y accesibles, además de mejorar sustancialmente las finanzas del país y generar empleos.
Informó que la Anafam agrupa a 22 laboratorios y abastece 900 millones de unidades de los medicamentos que se prescriben en el sector público, es decir más del 50 por ciento. En valor, su participación en el mercado de gobierno es de sólo el 15 por ciento, lo que quiere decir que sus precios son relativamente bajos y que con poco presupuesto la cobertura de salud es muy amplia.
Celebró “el cambio de paradigma en materia de salud” que ha impulsado la Cuarta Transformación, y ante esto se pronunció por tener una “sinergia con el Poder Legislativo” para detonar aún más esta industria relevante en el país. Y en este sentido manifestó su preocupación por modificar la Ley de Propiedad Industrial, ya que durante 30 años un derecho privado de protección a una patente ha sido más protegido que el derecho público y universal a la salud.
En este tema, la Anafam indicó que una de las experiencias que ha dejado en el país la llegada del coronavirus es la necesidad de que la accesibilidad sea la característica inigualable de los medicamentos genéricos, los cuales existen una vez que han vencido los derechos legítimos de la protección industrial.
Comentó que el problema en esta materia ha sido el abuso de las figuras de protección industrial y regulatoria. De ahí la importancia de fomentar la innovación y regular para que esté en los términos que la población mexicana lo requiere, lo cual sin duda va a fomentar la seguridad y la soberanía de nuestro país en materia de salud, les dijo.///El Financiero
