La discusión de la iniciativa presidencial para modificar el outsourcing es “inoportuna”, por la situación compleja que enfrenta el mercado laboral, por la alta desocupación, la baja generación de empleos y la caída significativa de los ingresos familiares, sostuvo el sector empresarial.

“En esta coyuntura de urgencia por comenzar una recuperación clara y sostenida de la economía, la iniciativa de ley para “regular” la subcontratación laboral (outsourcing) a fin de evitar que se siga utilizando fraudulentamente y contra los derechos de los trabajadores, ha generado preocupación ante la posibilidad de que esto implique el cierre de un importante número de puestos de trabajo”, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

El organismo privado refirió que algunos especialistas laborales aseguran que la iniciativa del Ejecutivo prohíbe la subcontratación en la mayoría de las instancias. Además de que señala que las áreas donde sí la permite, no están bien acotadas y definidas.

"Sin embargo, “lo que es claro es que viene en un momento sumamente inoportuno, la situación del mercado laboral - primera instancia del bienestar de los hogares- se encuentra en un estado de precariedad por la desocupación, baja de la participación en el mismo y caída significativa de los ingresos familiares”, aseveró.

La precarización del empleo ha sido un factor que ha afectado el empleo desde hace tiempo y que se agudizó con los efectos de la pandemia, sostuvo el organismo aglutinado en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), pues de los 4.3 millones personas que salieron de la población ocupada, el 97.4% se concentró entre quienes tenían ingresos de hasta 3 salarios mínimos.

Además de su impacto en el mercado laboral, la crisis sanitaria ha deteriorado el bienestar de los hogares, ya que de acuerdo con la encuesta ENCOVID19, que realiza la Universidad Iberoamericana-EQUIDE y la UNICEF a nivel nacional, el 65% de los hogares vieron reducido su ingreso, mientras que 29% señalaron haber perdido el empleo o su fuente de ingresos.

De acuerdo con cifras del INEGI, en el tercer trimestre del año, la población ocupada se redujo significativamente en 4.3 millones de personas respecto al primer trimestre del presente año. Asimismo, el número de “personas trabajando” cayó en 5.9 millones entre dichos trimestres.

“Este resultado hace evidente que estamos lejos de una situación de rápida recuperación del empleo y de la actividad económica”.

Por tanto, agregó que no solo la pérdida de empleos daña el bienestar de los hogares, sino también el desplome de la calidad de los puestos de trabajo.///El Economista