05/05/16

A partir de hoy todos los sindicatos que reciban recursos públicos o que ejerzan actos de autoridad deberán transparentar el origen y destino del dinero que reciban de dependencias o de los gobiernos federal, estatal o municipal, para lo cual deberán crear su Unidad de Transparencia y un sitio web en el que deberán publicitar todos estos datos.

Tan sólo de la Administración Pública Federal 131 sindicatos de las Secretarías de Estado y organismos gubernamentales están obligados desde hoy a transparentar los recursos que reciban, entre los que se encuentran el sindicato del Gobierno de la Ciudad de México, el Sindicato del Metro, del Banxico y de diversas dependencias como la SHCP, STPS y PGR, entre otras.

En tanto, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), con apoyo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se encuentra en la elaboración de un padrón de sindicatos que además de los referidos, que corresponden al Apartado B del Artículo 123 de la Constitución, estarían obligados a cumplir las nuevas disposiciones.
Los sindicatos más grandes del país, como el SNTE, los sindicatos del IMSS y del ISSSTE, Pemex y CFE, también están obligados a transparentar los recursos que reciben y su destino.

Cabe mencionar que aunque la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entra en vigor hoy, excluye a los sindicatos de la Iniciativa Privada, si éstos en algún momento recibieron recursos públicos mediante programas sociales o apoyos gubernamentales, a partir de ese momento se convirtieron en sujetos obligados a transparentar destino y uso de los recursos.

LAS OBLIGACIONES
El Artículo 79 de la Ley General de Transparencia establece como obligaciones de los sindicatos transparentar los recursos públicos que reciban y deberán mantener actualizada y accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, 4 conceptos básicos:

Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades, el directorio del Comité Ejecutivo, el padrón de socios y la relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que reciban, así como el informe detallado del ejercicio y del destino final de los recursos públicos que ejerzan.

La Ley señala que únicamente estará clasificada como información confidencial los domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de socios.

Oscar Guerra Ford, comisionado del INAI, explicó que en caso que el sindicato no tuviera la infraestructura para habilitar una Unidad de Transparencia o estén impedidos para crear un sitio web, las dependencias gubernamentales o gobiernos de los que dependan los sindicatos que asignen recursos públicos a éstos, deberán habilitar un espacio en sus páginas de Internet para que cumplan con sus obligaciones de transparencia y dispongan de la infraestructura tecnológica para el uso y acceso a la Plataforma Nacional.

Patricia Kurczyn, comisionada del INAI, aseguró que la autonomía y la libertad sindical no están siendo amenazadas por la Ley de Transparencia.

“Los comisionados tenemos la certeza y conciencia de que los postulados mexicanos del sindicalismo plasmados en el Artículo 123 no se tocan”, indicó.

_{Zenyazen Flores/El Financiero}