Tanto hombres como mujeres muestran la misma disposición al soborno, incluso cuando se trata de servidores públicos. Sin embargo, frente a los oficiales de policía cada género recurre a diferentes estrategias para negociar la exención de aplicar la ley, y ellas tienen aparentemente más éxito, pues suelen no llegar al cohecho.

Así lo señala el estudio "Para entender las prácticas de corrupción y sus contextos: la legitimidad del marco legal", realizado por el doctor Manuel Alejandro Guerrero, director del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, primera institución educativa de América Latina en ofrecer estudios universitarios de comunicación.

La corrupción, apuntó el investigador, está ampliamente reconocida como un problema económico principal en todo el mundo ya que crea muchos problemas económicos e inequidades, reduce el crecimiento y los flujos de inversión privada, limita el desarrollo mediante la disminución de los indicadores básicos, limita la elaboración de políticas públicas económicas, distribuye mal los talentos, debilita la confianza en las instituciones públicas y conduce a menospreciar el imperio de la ley.

Con respecto a la creencia de que las personas con mayor nivel educativo y económico tienden a pagar más sobornos, el estudio del doctor Manuel Guerrero encontró una disposición similar a sobornar en miembros de diferentes grupos socio-económicos. Así, la diferencia podría ser la oportunidad y el cálculo del costo-beneficio de tiempo y dinero.

De acuerdo con el académico de la Ibero, la legalidad no es considerada necesariamente como legítima, por lo que seguir las reglas “es una opción, aunque no siempre la más efectiva. De modo que las percepciones del imperio de la ley y la oportunidad de que ésta se aplique se convierten en un aspecto importante que han de tomar en cuenta los individuos cuando calculan la posibilidad de sobornar a un funcionario público”.

En este caso, puede ser que el aspecto más importante que los individuos toman en cuenta para decidir si sobornan o no a un funcionario sea la percepción del nivel de corrupción que existe en la institución a la que pertenece el funcionario. Si la institución es considerada como intrínsecamente corrupta, como en el caso de la policía en la ciudad de México, los individuos se inclinarán más por el soborno o por tratar de negociar la aplicación de la ley, dijo el doctor Guerrero.

La endeble legitimidad del marco legal es un frágil pilar para consolidar el imperio de la ley y, en consecuencia, la democracia, advirtió el investigador, quien señaló que esto debe ser motivo de preocupación para quienes elaboran las políticas públicas, así como para las instituciones de transparencia.

“Es necesario investigar más sobre el terreno para entender no sólo cómo operan las prácticas de corrupción en la vida diaria, sino también cómo han cambiado y se han modificado tras una década de la promulgación de la ley de transparencia y de la fundación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales”, concluyó.

Según datos de Transparencia Mexicana, en 2010 los actos de soborno de los ciudadanos representaron en México más de 32 mil millones de pesos, aproximadamente 14 por ciento del ingreso familiar. En 2014, el Índice de Percepción de la Corrupción colocó a México en el lugar 103 de 175 países.