La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) realizó inspecciones a establecimientos dedicados a la venta de productos de primera necesidad, principalmente la masa y la tortilla, por los cuales impuso medidas de restricción de acceso por haber aplicado incrementos injustificados.

El titular de la dependencia, Alfonso Navarrete Prida, dio a conocer que se han efectuado 322 diligencias a centros de trabajo que expenden tortillas de los estados de Baja California, con 46; Baja California Sur, 46; Chiapas, seis; Guerrero, 25; Jalisco, 22; Oaxaca, 25; Sonora, seis; Yucatán, 37; Morelos dos; y la Ciudad de México, 107; de entre los cuales se aplicaron 29 restricciones de operación.

Resaltó que, en los casos en los que se detectó algún abuso a los trabajadores por incumplimiento a la normatividad laboral, es decir, aumento al precio, se procedió a ordenar la restricción de acceso al establecimiento, hasta que se subsanen las irregularidades.

En conferencia de prensa, indicó que se impuso la restricción de acceso por violación a la normatividad laboral a nueve establecimientos de la Ciudad de México, seis de Chiapas, cinco de Jalisco, cuatro de Sonora, dos de Baja California, dos de Guerrero, y una de Yucatán.

Advirtió que “por las razones que quieran, pueden intentar subir el precio, pero si no son las razones justificadas, lo que van a tener pues van a ser restricciones, que al final son más costosas que el incremento supuesto que pensaban hacer injustificado”.

Ello se lleva a cabo en seguimiento al Acuerdo por el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar firmado en Los Pinos, por lo que se están tomando acciones concretas de autoridad para proteger el poder adquisitivo y “pasamos de la fase de los acuerdos a la etapa de las acciones”.

Las acciones derivan también de quejas de organizaciones sindicales presentadas ante la Comisión Nacional Mixta de Protección al Salario (Conampros) por la violación a los derechos de los trabajadores en su condición de consumidores, enfatizó Navarrete Prida.

Además de las restricciones de operación, también hay otras modalidades a seguir, como entregar documentación o el inicio de procedimientos sancionatorios, pues “el abanico es amplio”, y dejó en claro que “no va a pasar desapercibido un incremento injustificado”.

Navarrete Prida subrayó que no se trata de una “cacería de brujas”, o de que el Estado intervenga en la economía, sino de “la protección al poder adquisitivo del consumo de los trabajadores”.

Mencionó que las inspecciones se llevaron a cabo de manera conjunta con personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y pidió denunciar cualquier incremento injustificado, pues la dependencia a su cargo seguirá con la realización de este tipo de diligencias.

El alza en el precio de la tortilla, advirtió, no se puede justificar, porque el salario mínimo aumentó en pesos y en porcentaje, porque los datos del IMSS respecto al crecimiento de la masa salarial indican que no ha habido un impacto.

“No se vale quererse aprovechar de esa circunstancia para tener un margen de ganancia mayor, cuando en el fondo lo que se refleja es improductividad, manejo de maquinaria que no es conveniente, ya que es obsoleta, que la economía se mantiene en términos estables y se han ofrecido muchas posibilidades de reconversión de la planta productiva”, anotó.