Ayer concluyó el plazo para que las empresas interesadas en prestar el servicio de seguridad a los inmuebles del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentaran sus ofertas económicas. Las que planteen las mejores condiciones de precio y calidad obtendrán los contratos en disputa.
Es uno por cada una de las siete regiones en que se dividieron las delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), y esta es una de las licitaciones que mayor conflicto ha causado, con ocho quejas interpuestas por cuatro de 22 posibles aspirantes, además de una presentada por el IMSS por la conducta de una empresa que en la segunda ronda de preguntas planteó más de mil 800 interrogantes, la mayoría de las cuales habían sido expuestas en la primera junta de aclaraciones.
Hoy, a las 9:30 horas, funcionarios del Seguro Social darán una conferencia de prensa para informar los detalles del proceso que empezó el pasado 28 de marzo con la divulgación de las bases de la licitación pública internacional LA019GY019-E56-2107.
El fallo se dará a conocer el próximo 2 de junio, informó David Palacios, director de administración del IMSS y responsable del proceso. Recordó que el costo total de todos los contratos es de 3 mil 271.2 millones de pesos y tendrán una duración de tres años.
La previsión inicial es obtener un ahorro de 189 millones.
Entre los requisitos que las empresas deberán cumplir está la instalación de cámaras de video, un centro de monitores y equipo de comunicación (walkie talkie) para cada uno de sus empleados, además de que deben portar tolete. Asimismo, las empresas deben contar con los permisos federales que otorga la Comisión Nacional de Seguridad.
Hasta el pasado fin de semana, ninguna de las cuatro empresas que presentaron inconformidades ante el Órgano Interno de Control tenían dichos permisos.
Entre los cuestionamientos que los proveedores plantearon fue el plazo limitado para presentar las propuestas económicas y la falta de información sobre el número de puestos y ubicación de los inmuebles a resguardar.
Estas y otras que el instituto consideró preocupaciones legítimas fueron atendidas por el IMSS.
Una más que hasta ayer se seguía difundiendo tiene que ver con el testigo social designado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), en específico porque empezó a operar después de que venció el plazo de tres meses.
Palacios explicó que consultó con la SFP y la respuesta fue que no incurría en ilegalidad alguna.
Fuente: Ángeles Cruz Mártinez/ La Jornada
