El Pulso Laboral

Lunes 25 mayo 2015

02:30 pm

Seguridad Social y Salud

CNDH ve riesgo en recorte a estancias

Por: Redacción/El Pulso Laboral

Uno de los principales desafíos que México enfrenta en el ámbito laboral es la desigualdad existente entre hombres y mujeres, la cual comprende desde aspectos vinculados a remuneraciones, prestaciones, aspectos escalafonarios y de mando, hasta cuestiones vinculadas a la existencia de condiciones que posibiliten el desarrollo profesional pleno de estas últimas.

En este sentido, uno de los aspectos más problemáticos es la necesidad de conciliar la vida y desarrollo profesional con el personal o familiar, el cual afecta particularmente a las mujeres y que ha generado el llamado techo de cristal, que es el límite que enfrentan en su crecimiento laboral por la imposibilidad de compatibilizar estos ámbitos.

Desde hace varios años, se han emprendido esfuerzos concretos para propiciar la igualdad laboral, existiendo diversos instrumentos internacionales que se han suscrito para tal efecto bajo un enfoque de integralidad.

Entre estos, destaca la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en cuyo artículo 18 consigna la obligación de los estados de adoptar todas las medidas apropiadas para que madres y padres que trabajan tengan derecho a beneficiarse de servicios de atención infantil, de protección de la maternidad y guarderías, cuestión que se ha reiterado en otras recomendaciones y observaciones emitidas por instancias internacionales.

En este contexto, el recorte presupuestal que se ha hecho público respecto del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y Padres Solos genera un riesgo claro de que se vulneren los derechos de niñas y niños, así como de las mujeres y padres trabajadores, en tanto se les estaría privando de la oportunidad de acceder a servicios profesionales de cuidado y atención integral infantil, afectando de igual forma sus posibilidades reales de subsistenciay desarrollo profesional y personal.

Del mismo modo, las alternativas propuestas a la eliminación de las estancias infantiles, no resultan pertinentes ni viables, en tanto el beneficio que las mismas proporcionan a las niñas, niños, madres y padres trabajadores, radica en el servicio que prestan y la atención que proporcionan, lo cual no es susceptible de monetizarse como vía sustitutiva.

Los datos relativos a las madres que son jefas de familia y trabajan nos dan una idea de la trascendencia que puede tener la implementación de esta medida.

Conforme a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para 2017, el 33.5% de las mujeres que han tenido un hijo eran solteras y de ellas el 41.8% trabajaba, percibiendo mayoritariamente entre uno y tres salarios mínimos como retribución.

Sólo el 11.4% de las madres solteras tendría el beneficio de cuidados maternos por parte de su trabajo y el 12.5% contaría con la prestación de guardería para sus hijos. En promedio, en el 28.5% de los hogares en México, las mujeres se asumirían como jefas de familia, llegando en algunas entidades, como la Ciudad de México, a porcentajes tales como el 37.8 por ciento.

Es innegable que las madres trabajadoras solteras presentan una condición de mayor vulnerabilidad frente a factores que limiten sus oportunidades de desarrollo y violenten sus derechos.

El número de mujeres que se asumen como jefas de familia, dejan en claro que las mismas cuentan con menos redes y posibilidades de apoyo.

Retirarles el apoyo de las estancias infantiles afectaría su economía familiar, privaría a sus hijos de acceder a cuidados profesionales y calificados, lo cual es particularmente relevante si nos referimos a aspectos como la estimulación temprana, impondría cargas a sus familias que no necesariamente estarían en capacidad o disponibilidad de cumplir, o las obligaría a buscar soluciones alternas como recurrir a terceras personas que, sin garantía de calificación y debido cuidado, pondría en riesgo la integridad y seguridad de niñas y niños.

Es innegable que el Estado tiene obligaciones qué cumplir para hacer vigentes los derechos de las niñas y niños, así como de las madres y padres trabajadores. El hecho de que se aleguen presuntos actos de corrupción, así como irregularidades o problemas administrativos no puede eximir a las autoridades de cumplir con sus obligaciones, ni justifica el que se deje de lado el respeto de los derechos humanos.

Si en el pasado se cometió algún ilícito, debe investigarse y sancionarse a los responsables. Si el marco normativo dificulta la operación administrativa de alguna institución debe actuarse con responsabilidad, promover las adecuaciones conducentes, sin dejar de cumplir con las obligaciones contraídas.

Para ello, la articulación y actuación responsables de las distintas autoridades en sus ámbitos de responsabilidad resulta prioritaria./Excélsior 

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