“Cualquier gobierno que esté considerando cambios regulatorios a las políticas de cannabis, debe tomarse el tiempo necesario”, aseveró el Dr. Mauricio Hernández Ávila, director general del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
En el último debate de las “Audiencias públicas para las alternativas de regulación de la mariguana”, con el que el Congreso de la Unión cerró estas sesiones, reunió en un panel al director general del INSP; a Steve Rolles, analista de la Transform Drug Policy Foundation; a Álvaro Santos, Profesor de la Universidad de Georgetown; y a Graco Ramírez Abreu, gobernador de Morelos, quienes presentaron sus propuestas de políticas públicas para la regulación de la cannabis ante senadores, diputados, académicos y miembros de organizaciones de la sociedad civil.
Hernández Ávila, en su exposición, explicó que el gobierno debe tomarse el tiempo necesario para generar la infraestructura, destinar los recursos suficientes para lograr un buen resultado e implementar los mecanismos para que se vaya ajustando.
“Es necesaria la implementación de las capacidades gubernamentales, regulatorias y humanas que permitan que la legalización se lleve a cabo, bajo un modelo que se prescribe al amparo de una licencia, se dispensa por un sistema regulado y se vigila el uso terapéutico”, dijo.
Tanto para el uso terapéutico, dijo, como recreacional de la marihuana, el sistema regulatorio debe contar con un modelo comercial normado por el estado y ejecutado por una empresa sin fines de lucro, que vele por la seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos disponibles para la población y minimice el daño relacionado con el uso de la marihuana. En otras palabras, debe estar diseñado para cumplir con los objetivos de salud pública.
Por último agregó que es necesario un mayor estudio y entendimiento del problema de salud pública y regulatorio antes de tomar decisiones normativas sobre la cannabis.
Finalmente, el senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la mesa directiva de la Cámara del Senado, dio por terminadas las actividades de las “Audiencias públicas para las alternativas de regulación de la mariguana”, con lo que se dio paso al trabajo legislativo en materia de un dictamen al respecto.
