El Senado alista la aprobación de una reforma a la Ley General de Salud para prohibir la explotación de mujeres con fines reproductivos y sancionar con hasta 17 años de cárcel a quienes promuevan o convenzan a participar en la llamada maternidad subrogada.

En rueda de prensa, la senadora priista Mely Romero Celis dijo que ya está listo el dictamen que intenta frenar la proliferación, sobre todo en estados del sur del país, de agencias y hospitales que llevan a cabo la “maternidad o vientres subrogados o rentados” que se enmarca en la explotación con fines reproductivos.

Refirió que en Tabasco se permiten legalmente prácticas de ese tipo, donde mujeres mexicanas son contratadas por extranjeros para ser inseminadas, albergar un óvulo y luego, previo acuerdo económico, entregar al bebé en adopción, con pagos de entre 50 mil y 150 mil pesos.

Comentó que esta práctica, que nació con fines altruistas para ayudar a parejas que no pueden concebir, se ha desvirtuado al grado de convertirse en un negocio millonario que promueven a México como destino para el “turismo reproductivo” y que se promociona en redes sociales y diarios nacionales y extranjeros.

La senadora por Colima dijo que ante ello está listo el dictamen para ser presentado al pleno del Senado con reformas a la Ley General de Salud que prohíbe en México “la gestación por sustitución”.

Además, se sancionaría de seis a 17 años de prisión y hasta 17 mil días de salario mínimo vigente a quien obtenga el consentimiento de una mujer para que transfieran uno o más embriones en su útero y después del nacimiento entregue al o los menores a los contratantes o terceras personas, mediante el pago de una contraprestación.

La reforma establece la misma sanción al que lleve a cabo un procedimiento de gestación por sustitución para entregar a los hijos resultantes a una persona de nacionalidad distinta a la mexicana.

Igual pena a quien realice actos de simulación jurídica o de fraude a la ley, que tenga por objeto el que una mujer se someta a un procedimiento de gestación subrogada.

A los doctores, parteras, enfermeras o profesionales de la salud que participen en estas prácticas se les aplicaría la misma penalidad y la suspensión de cinco a ocho años en el ejercicio profesional y se aumentarán seis años en caso de reincidencia.