Marted 10 de octubre de 2016

'Pasar la bolita' a la iniciativa privada en la atención de algunos servicios de salud es una práctica creciente.

Con el nombre de servicios integrales, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por ejemplo, aumentó los recursos que destina a la contratación de empresas para tratamientos como diálisis, hemodiálisis y bancos de sangre.

El IMSS, con sus cerca de 73 millones de derechohabientes, tiene presupuestados 8 mil 280 millones de pesos para servicios integrales correspondientes al rubro de servicios generales, de acuerdo con la cuarta adecuación de su presupuesto 2016, de la cual REFORMA obtuvo una copia a través de Transparencia.

Con los años, se observa una asignación de gasto mayor a los servicios integrales.

En 2015, fue de 5 mil 377 millones de pesos y, en 2011, de 4 mil 792 millones.

Hasta ahora, según compranet, el año en que el IMSS más ha gastado en el rubro citado es 2014, cuando la cifra alcanzó 6 mil 510 millones de pesos.

Pero la tendencia seguirá aumentando.

En su informe al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión 2015-2016, el organismo que dirige Mikel Arriola reconoció que entre mayo y junio de este año empezarían a operar servicios integrales de laboratorio, cirugías de mínima invasión y banco de sangre.

Ignacio García-Téllez, director en Economía en Salud de PwC México, consideró que bien orientados y definidos este tipo de esquemas son benéficos para el sistema de salud público, ya que pueden aprovechar las eficiencias del sector privado.

En países como Inglaterra y Brasil, mencionó, se está virando hacia esquemas de asociaciones público-privadas, en las que las empresas ven una oportunidad de acceso.

Dijo que estos esquemas surgen a raíz de una necesidad de atender a la población, pues hay procesos en los cuales el IMSS, el ISSSTE y secretarías de salud estatales están rebasadas en capacidad.

En lugar de invertir en infraestructura y equipo es más eficiente contratar servicios privados, explicó el experto.

Sin embargo, señaló que también hace falta que la Secretaría de Salud cumpla su función de regulador y de supervisor de los servicios y revise a los proveedores de éstos, pues algunos se han visto involucrados en ciertas controversias.

"En la operación misma probablemente algunas empresas estén reutilizando algunos insumos para abaratar costos y esto genera riesgos para los pacientes, hay que tener cuidado con ese tema", alertó.

Recomendó que algunos servicios integrales podrían migrar hacia otro tipo de esquemas, como de riesgo compartido, en el que los proveedores tengan mayor vigilancia.

Jaime Cervantes, director general de Grupo Vitalmex, coincidió que la contratación de este tipo de servicios seguirá aumentando y que evolucionará al sistema de pago por desempeño.

"En 10 años estaremos viendo cómo el sector va a delegar o a transferir el riesgo de un paciente crónico a una industria privada y si lo atiende bien te pago tanto, si lo atiendes mal te descuento tanto", mencionó.

Para llegar a esto, aún falta que la normativa se establezca en el sector público.

El directivo de la compañía, una de las principales proveedoras de estos servicios en el País, añadió que los servicios integrales crean eficiencias, logran ahorros de hasta 35 por ciento e incrementan la ocupación.

Descartó que la contratación de servicios a empresas implique una privatización como tal, sino más bien que se trata de asociaciones público-privadas.

"El Gobierno solo ya no puede hacer las cosas, es más no lo sabe hacer y lo está haciendo no tan bien, necesita a la industria privada para garantizar sus objetivos sociales", sostuvo.

El mercado de los servicios de la salud a nivel mundial, estimó, vale 35 mil millones de dólares -entre servicios integrales, solución integrada y atención hospitalaria- y crece a tasas de 8 por ciento anual.

_{Fuente: Reforma}