Miércoles 19 de octubre de 2016

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) afirmó que la pretensión de un grupo de 80 jubilados de obtener un pago de 38 días adicionales por cada año de antigüedad, carece de sustento legal, porque no son trabajadores despedidos de manera injustificada.

En un comunicado se refirió al movimiento de ese grupo de jubilados, quienes consideran que, además del pago de 12 días por año que se cubrió en su momento, tienen derecho a otros 38 para dar un total de 50 días.

El Seguro Social indicó que ese argumento es falso, pues el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) establece en su Artículo 59 bis el pago de 12 días por año por concepto de prima de antigüedad.

Mientras que el Artículo 56 prevé una indemnización extraordinaria de 50 días por año laborado, únicamente para aquellos trabajadores que hayan sido despedidos de manera injustificada.

En este sentido, la pretensión de los jubilados de obtener un pago por los 38 días de diferencia carece de sustento legal al tratarse de jubilados y no de trabajadores despedidos.

De igual forma, agregó, los manifestantes tampoco tiene razón al considerar que el IMSS se ha quedado con esos recursos, como lo menciona su vocero Ramón Castañón Pérez.

En uno de los seis puntos que precisó el Seguro Social resaltó que las demandas laborales que interpusieron estos pensionados y jubilados, con la “asesoría” de abogados y supuestos líderes del grupo, se han resuelto en favor del IMSS, existiendo jurisprudencia en el sentido de que el monto aplicable es de 12 días.

Agregó que servidores públicos del IMSS han recibido y escuchado las demandas de los quejosos, a quienes se les ha explicado que no procede el pago adicional y les ha recomendado no dejarse engañar por presuntos dirigentes o voceros que les dan falsas expectativas y les prometen conseguir el pago adicional de primas a cambio de dinero.

El instituto destacó que no existen recursos presupuestarios que hayan sido aprobados por el Congreso de la Unión para cubrir las demandas de los manifestantes.

Finalizó que realizar pagos extraordinarios por parte de funcionarios del instituto, a petición de los manifestantes, implicaría responsabilidades administrativas para los mismos, porque se incurriría en un desvío de recursos.

Fuente: Notimex