Especialistas en derecho señalaron que durante la construcción del Tren Maya, uno de los megaproyectos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para reactivar la economía del sureste de México, se podría interpretar que la titularidad de unos sindicatos sobre la relación contractual con los obreros viola el derecho a la libre asociación sindical.

Esto, porque presuntamente hay una tolerancia a la enajenación de contratos en los sindicatos y prohibición de asociarse a otros. Lo cual contradice al apartado de este rubro en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y a las nuevas disposiciones del Tratado comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

En el Capítulo II de la LFT “Sindicatos, federaciones y confederaciones”, Artículo 357 se especifica que “los trabajadores y los patrones, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a éstas, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas”.

Por su cuenta, con las nuevas reglas del T-MEC, los socios involucrados en la construcción pueden revisar a detalle la libertad con la que los empleados pueden tener acceso a un sindicato, así como la capacidad de elegirlo según sus intereses.

Esto significa que, de acuerdo al Estado de derecho y a lo establecido por el T-MEC; primero, la empresa debe de contratar al empleado y después, el empleado decide el sindicato al que quiere pertenecer, estimó el abogado Pablo Franco. Sin embargo, en la práctica la dinámica es distinta.

La Confederación Autónoma de Trabajadores Empleados de México, es la asociación que capta una serie de sindicatos que tendrán los contratos colectivos de los trabajadores de los tramos 1,3 y 4 del Tren Maya, su líder es el ahora senador suplente de Morena, Pedro Miguel Haces Barba.

Haces Barba es suplente del doctor Germán Martínez Cázares, quien funge como secretario de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional en el Senado de la República e integrante de las comisiones de Justicia, Primera Comisión de Trabajo: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, Seguridad Social, Trabajo y Previsión Social, entre otras. No obstante, su trabajo como legislador se ha caracterizado por estar en contra del outsourcing ilegal, también conocido como subcontratación abusiva, pues estas prácticas reducen la responsabilidad de los empresarios con sus empleados.

Por su parte, la Federación de Trabajadores de Campeche, afiliada a la CTM, acaparará a los del tramo 2. De hecho, esta federación ya hizo sus anuncios correspondientes en sus redes sociales, en las que invitan a la gente a afiliarse para después conseguir trabajo en la obra de la Península de Yucatán.

“Amigo trabajador de nuestro estado, si estás interesado en entrar a laborar en la construcción de la obra del Tren Maya en el Tramo 2 de Escárcega - Calkiní puedes acercarte a estas direcciones en los diferentes municipios para llevar tus papeles y poder entrar a la bolsa de trabajo. Para mayor información puedes mandarnos mensaje privado para poder responder a tus dudas, marcar a los números de teléfono o acudir a los diferentes puntos de recepción que aparecen para cada municipio dentro del horario establecido”, se lee en la cuenta de Facebook de la FTCCTM.

La obra constará de cuatro tramos que conectarán cinco estados: Campeche, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. El proyecto es multipropósito, pues servirá para el transporte de pasajeros, de mercancía e incentivará la industria turística; sin embargo, el modo en el que se implementa el derecho a la asociación sindical se presenta de manera irregular.

La ONU, en su competencia, reconoció que la obra podría atraer beneficios económicos millonarios para la región. ONU-Habitat señaló que, gracias al tren, de aquí al año 2030 se crearán 715,000 nuevos empleos en los 16 municipios con una estación de tren, 150,000 empleos en la economía rural asociada al tren y 80,000 más con los trabajos de construcción de los cinco primeros tramos en 2020.

Además, apuntó que el proyecto sacará de la situación de pobreza a 1.1 millones de personas.

Asimismo, cabe señalar que no existe ninguna denuncia contra las organizaciones mencionadas; sin embargo la CNDH ha lanzado una serie de observaciones sobre la construcción del megaproyecto debido a la crisis sanitaria que ha traído consigo el nuevo coronavirus en México.///Infobae