La reciente aprobación del Senado a la iniciativa de igualdad salarial en atletas mexicanas implica un panorama de contratos con garantías mínimas de sueldo, salud y estabilidad, aunque aún hay camino por mejorar
Fredi Figueroa fredi.figueroa@eleconomista.m> sta semana, el Senado de la República aprobó la iniciativa de salario base igualitario para mujeres y hombres que sean parte del deporte profesional en México. Aunque aún no es una reforma plasmada en documentos oficiales de la Ley Federal del Trabajo (LFT), la aprobación es descrita como un piso más firme hacia la seguridad laboral de las atletas nacionales.
"Esta es la primera gran piedra para construir un deporte profesional digno para las mujeres y hay que estar atentos a cómo operan los mecanismos y plazos para cumplir con la ley, porque por SÍ sola la ley no cambia las condiciones existentes. Establece garantías, pero todavía queda mucho trabajo para construir todo el edificio que merece cualquier mujer que se quiera dedicar al deporte profesional en México", analiza para El Economista, Claudia Pedraza, especialista en género y deporte e investigadora de la Universidad La Salle.
Si bien el punto más sonado de esta iniciativa ha sido el fijar un salario mínimo idéntico para mujeres y hombres dentro del deporte profesional, hay otras demandas añejas que se están persiguiendo para el deporte femenil en temas como la maternidad, seguro médico y estabilidad contractual.
"Habrá que ver cuáles son esos momentos que se establecen (en salario base igualitario), pero sin duda el tema de la seguridad social y atención médica es fundamental para ellas porque, como deportistas, están expuestas a cualquier tipo de lesión", agrega Guillermo Terán, representante de futbolistas de la Liga MX Femenil de la agencia Payer Doce.
A la iniciativa le restan algunos pasos para convertirse en realidad al 100%. Todavía debe ser aprobada por la Cámara de Diputados y luego por el Poder Ejecutivo para ser plasmada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Después de eso, vendrá el proceso en el que se determinarán los salarios base para cada disciplina, una decisión que implicará el análisis de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), así como las diferentes federaciones y ligas deportivas profesionales.