Las plazas laborales tipificadas como de confianza en la Cámara de Diputados han tenido un aumento exponencial al casi triplicarse en los últimos dos años.

De acuerdo con información del recinto legislativo de San Lázaro, al primer trimestre del 2016 existía un total de 613 plazas -todas ocupadas- dadas de alta como de confianza. Para el primer trimestre de este 2018 existían 1,736 (183% más que en el 2016), de las cuales 1,630 estaban ocupadas de acuerdo con información pública de la Cámara de Diputados.

Si se compara la totalidad de plazas de confianza que había entre el 2016 y el 2018, en un periodo de dos años, se crearon 1,123 nuevas posiciones laborales.

Un subdirector de área en la Cámara de Diputados, que es considerado como una plaza de confianza, percibe de manera mensual 53,700 pesos por concepto de salario.

A este monto se suma mensualmente por concepto de compensación 44,112 pesos, además de un apoyo económico que se otorga por 877 pesos.

En tanto, de manera semestral, por concepto, de primas de vacaciones se otorga 12,179 pesos y de manera anual, como gratificación, se otorga a un subdirector 97,438 pesos. Todas las remuneraciones anteriores se consideran netas, es decir, después de deducciones de impuestos.

En total de manera mensual dicha posición tiene un salario de alrededor de 98,689 pesos. Mientras que si se suman las prerrogativas anuales y semestrales anualmente un subdirector de área obtiene 1 millón 293,885 pesos.

Las plazas de confianza en la Cámara de Diputados son, de acuerdo con la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentarias del apartado B, del Artículo 123 constitucional, en su artículo 5 en su fracción III, todos aquellos empleados que tengan cargos como secretario general, secretarios de servicios.

Coordinadores, contralor interno, directores generales, directores, subdirectores, jefes de departamento, secretarios particulares, secretarías privadas, subcontralores, auditores, secretarios técnicos, asesores, consultores, investigadores, secretarios de enlace.

Titulares de la unidad o centro de estudios, agentes de resguardo parlamentario, agentes de protección civil, supervisores de las áreas administrativas, técnicas y parlamentarias, y el personal del Servicio de Carrera.

Del total de las plazas ocupadas de confianza en la actualidad, una tercera parte corresponde a altos cargos como contralores hasta el secretario general de la Cámara de Diputados.

Mantienen compromisos en personal eventual

La LXIII Legislatura dejó compromisos por casi 1,000 millones en contratos de personal eventual entre los que se incluyen los gastos de hasta 150,000 pesos mensuales en asesoría especializada.

En total son 936 millones 202,532 pesos que están comprometidos en salarios de asesores, asesoría especializada, entre otros rubros, que se tendrán que pagar por servicios que fueron contratados, la mayoría, hasta finales del 2018.

De este monto, más de 420 millones de pesos son gastos en pagos de salarios por asesores tipo A y B así como personal de apoyo y choferes, mientras que el resto de los montos fue asignado en servicios de asesoría especializada a la Cámara.

El año pasado, en todo el 2017, de acuerdo con los registros de la Cámara Baja se erogaron 1,253 millones 175,310 pesos en salarios de personal eventual, la mayoría contratada por un periodo anual.

Entre los salarios más cuantiosos otorgados en todo el 2017, se encuentran los de algunos asesores a los cuales se les pagó hasta 141,521 pesos o pagos por asesoría especializada por la cual se pagó hasta 156,200 pesos de manera mensual.

La asignación de contrataciones por honorarios, no obstante, mantiene diversos tipos de discrecionalidad ya que son los mismos grupos parlamentarios, así como los legisladores en lo particular a los que se les asigna una bolsa para la contratación de este tipo de personal.

Hace algunos días la Junta de Coordinación Política de la nueva legislatura anunció un plan de austeridad de 409 millones de pesos, entre los que se encuentra una reducción a la bolsa general de contrataciones a personal de honorarios./El Economista