La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a diversas instancias, con el fin de que realicen las acciones necesarias para que el salario mínimo se incremente a partir de 2019, desde un enfoque de derechos humanos.

Dicha remuneración, abundó, “debe permitir un nivel de vida acorde con la dignidad de las personas, y en el que prevalezca esa dignidad como eje rector en el establecimiento del monto del salario mínimo”.

El Objetivo 1 tiene como propósito erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, y la meta del 8 consiste en promover el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las personas.

El organismo expresó su preocupación por los 2 millones 164 mil 934 personas trabajadoras en el país que durante el primer semestre de este año laboraron tiempo completo y percibieron como contraprestación el equivalente a un salario mínimo diario (88.36 pesos), “lo que evidencia las dificultades que tienen para asumir los costos inherentes a su alimentación, vestido, salud, vivienda, educación y servicios básicos como agua y transporte, entre otros satisfactores necesarios para su bienestar, y alcanzar la línea de bienestar”.

Esas personas, que representan el 5.9% de las y los asalariados del país y el 4.1% de la población ocupada total, cuyo ingreso mensual ascendió a 2 mil 650 pesos, están por debajo de la línea de bienestar considerada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que fue de 3 mil pesos mensuales a agosto de este año.

En su análisis, la CNDH revisó la figura del salario mínimo desde su incorporación a la fracción VI del inciso A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce que los salarios mínimos generales deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, para proveer a la educación obligatoria de los hijos.

También se hace referencia al señalamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 2013, relacionada como el derecho al mínimo vital, que coincide con las condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria o de necesidades insatisfechas que limiten sus libertades.

La CNDH solicitó asumir los acuerdos necesarios para incrementar el salario mínimo a partir del ejercicio fiscal 2019, considerando como mínimo lo expuesto por el Coneval en relación con la línea de bienestar y, en este mismo sentido, tomar en cuenta la relación existente entre salario mínimo y la cantidad de personas promedio en cada hogar mexicano.

La recomendación fue dirigida a los titulares de las secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Desarrollo Social y de Hacienda y Crédito Público, así como al presidente y al Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y a las legisladoras y legisladores del Congreso de la Unión.

Por separado, Acción Ciudadana contra la Pobreza pidió al futuro gobierno de México atender la recomendación de la CNDH referente a la urgencia de incrementar el salario mínimo para que sea “suficiente” como manda la Constitución, y enseguida emprender un programa de recuperación gradual que permita resarcir el poder adquisitivo de los trabajadores como vía indispensable frente a la pobreza en México.

“Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, formada por más de 60 organizaciones civiles, recibe con beneplácito la recomendación de la CNDH que insta al gobierno a cumplir con el mandato constitucional de fijar el salario en un monto suficiente para cubrir las necesidades básicas del trabajador y de su familia”, puntualizó en un comunicado.

Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la agrupación, dijo que la recomendación de la CNDH y la demanda de las organizaciones civiles tienen muchos aspectos de feliz coincidencia con la postura anunciada por el gabinete del presidente electo Andrés Manuel López Obrador en relación con los salarios.

“El nuevo gobierno debe tomar un conjunto de acciones que incluya la desaparición de la onerosa y obsoleta Comisión Nacional de los Salarios Mínimos(Conasami) y reemplazar la decisión de fijar el salario mínimo en un organismo donde participen representantes de los trabajadores, los patrones y expertos de la sociedad civil y la academia”, apuntó.

Añadió: “La Conasami es una fábrica de pobreza. No es casual que los más recientes datos publicados por Coneval muestran que cuatro de cada 10 trabajadoras reciben un ingreso laboral menor al costo de la canasta de alimentos, esto es una violación de derechos humanos y por eso es tan relevante la recomendación emitida por la CNDH”./Proceso