Así como se recortó el nivel de desempleo, también aumentó la precariedad laboral. El indicador que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) llama “condiciones críticas de ocupación” subió 3.5 puntos en su comparativo anual. En diciembre del 2019 esta tasa se ubicó en 18.8% de la población ocupada, al cierre del 2010 estaba en 15.3 por ciento. Este indicador al laboral alcanzó sus niveles máximos históricos el año pasado.

Según el Inegi la tasa de condiciones críticas de ocupación mide el tiempo, el ingreso o una combinación de ambos. Toma en cuenta a quienes laboran menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a ellos; a quienes laboran más de esa jornada, pero que el año pasado ganaron menos de 3,121 pesos mensuales (1 salario mínimo), y a los que trabajando más de 48 horas semanales reciben no más de 6,242 pesos mensuales (2 salarios mínimos). En esta condición están 10.3 millones de trabajadores.

En la tasa de subocupación también se observa un repunte. Ésta se refiere al porcentaje de la población que tiene la necesidad y disponibilidad para trabajar más tiempo. En diciembre del 2019 este indicador llegó a 7.7 % de la población ocupada, mientras que en el mismo mes de 2018 fue de 7.3 por ciento.

El año pasado, el ingreso laboral de casi 40% de los hogares era insuficiente para comprar una canasta básica, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Es decir, a pesar de que en ellos hay personas que trabajan, no obtienen lo suficiente. Por ello o más miembros de la familia se ven obligados a trabajar, o quienes lo hacen se ven obligados a laborar más tiempo o necesitan obtener un empleo con mejor sueldo.

La informalidad laboral también registró un avance modesto. La proporción de ocupados en esta situación pasó de 56.8 a 56.1% de diciembre 2018 al mismo mes del 2019. Aún con la ligera reducción de informales, la cifra continúa superando a la mitad de la población ocupada convirtiéndose en una de las principales problemáticas del mercado laboral mexicano.

Este nivel de informalidad implica que en el país sólo 44 de cada 100 trabajadores tienen garantizados los derechos mínimos laborales como prestaciones, seguridad social y contratos formales.//El Economista