La inspección laboral en el trabajo del hogar es uno de los temas “más urgentes” de atender para cumplir con lo que establece el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). También lo es el monitoreo de la afiliación de este grupo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sobre todo, en tiempos de Covid-19.
Esos dos temas pendientes son los más apremiantes, a consideración de Helmut Schwarzer, director y especialista principal en Protección Social y Desarrollo Económico de la OIT. En entrevista, celebra que hace unos días el gobierno de México depositó el Convenio 189 ante ese organismo internacional.
El convenio establece las condiciones de trabajo digno para las trabajadoras del hogar. En México, ese sector está integrado por casi 2.4 millones de personas, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La inmensa mayoría son mujeres.
En el 2019 el Congreso mexicano se adelantó y aprobó varias reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para igualar los derechos de este grupo de trabajadoras y trabajadores a los del resto de empleados formales en el país.
Pero aún falta regular la inspección laboral y parece que no será fácil. En aquella discusión por las modificaciones, los legisladores hicieron a un lado el tema, pues no se ponían de acuerdo, y avanzaron en lo que sí había consenso.
La inspección laboral en este caso “no puede ser semejante a la inspección de otros empleos, porque el centro de trabajo aquí es un hogar privado. En México, y en otros países, la Constitución protege al hogar como un espacio inviolable”, dice Helmut Schwarzer.
La solución que han encontrado otros países de América Latina podría ser un parámetro para México, señala. Por ejemplo, la inspección en la puerta del hogar, es decir, sin ingresar a la casa. Otra opción es que las personas empleadoras “presenten documentos en la oficina de inspección laboral”.
Pero “lo más inteligente sería construir primero un mecanismo de formalización, monitoreo y acompañamiento de las trabajadoras”, expone el especialista. Esto se puede lograr con los registros del IMSS o de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Luego, se podrían crear protocolos para la inspección laboral.
La verificación de las condiciones en las que laboran las trabajadoras del hogar no es poca cosa. “Hay casos serios, por ejemplo, el trabajo forzoso, la violencia laboral o el acoso. En estos casos el monitoreo a distancia no va a funcionar”, advierte.
Recomendaciones para el programa piloto
El programa piloto del IMSS “ha tenido éxito en nuestra opinión”, comenta el funcionario de la OIT. Este plan de afiliación ha conseguido la inscripción de 21,000 trabajadoras y trabajadores del hogar. Mientras que el régimen voluntario ha captado sólo a poco más de 3,000, explica.
La OIT ha asesorado al IMSS en la evaluación del programa piloto y le ha hecho recomendaciones para el diseño del régimen definitivo. En octubre próximo el instituto debe presentar una propuesta de reforma legislativa al Congreso para hacer obligatoria la afiliación de trabajadoras del hogar.
Una de esas sugerencias es que quien realice los trámites de inscripción al Seguro Social sean los empleadores, no la trabajadora. “Deben cumplir un rol clave en la formalización de las trabajadoras a su cargo”, señala.
Muchas trabajadoras no cuentan con acceso a la tecnología o a Internet. Otras no tienen “la posibilidad de negociar una asimetría”, detalla Helmut Schwarzer. Es decir, en ocasiones asisten más días al mes a algunos hogares que a otros. Eso significa que las cuotas patronales serán distintas.
Además, es importante hacer campañas para que las trabajadoras en México conozcan sus derechos. Incluidas las migrantes, que sepan que al llegar a México cuentan con este marco de protección, subraya.
Especialmente en este momento en el que la pandemia por Covid-19 aún está latente. “Gran parte de las trabajadoras del hogar no tienen contrato y no están registradas ante el IMSS”, por lo que la atención de su salud se complica. A otras las han despedido, o las mantienen a la espera de que la crisis termine para llamarles de nuevo. En tanto, no tienen salario, lamenta.
A nivel federal, en este país no hay un seguro de desempleo para estas y ningún otro tipo de trabajadores formales. “Es una brecha de la red de protección social mexicana. Ojalá que como una lección importante de la crisis Covid, México se anime a poner en marcha un sistema de ese tipo”, apuntó.///Factor Capital Humano
