La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) estará atenta a cualquier evolución de la subcontratación laboral a nuevos esquemas de simulación para evadir responsabilidades fiscales y contribuciones, dijo Carlos Romero Aranda, titular del organismo.

Durante su participación en el segundo seminario virtual “Combate a la defraudación fiscal” de Thomson Reuters, Romero Aranda puntualizó que cualquier figura a la que migren las empresas y beneficiarias de outsourcing, son delitos que tienen el objetivo de omitir el pago de contribuciones.

“Conforme al Código Fiscal podemos reclasificar la operación y darle el nombre como es y decir que es un esquema de defraudación fiscal. No se dejen engañar, no hay hilos negros. La subcontratación ya no existe, aunque le llamen como un tema de pensiones o agrupaciones patronales, son esquemas de defraudación y vamos a perseguirlos”, apuntó el procurador fiscal.

En ese sentido, el funcionario pidió a los empresarios no dejarse engañar por asesores que propongan la adopción de un nuevo esquema de simulación que equivalga a un nuevo delito fiscal.

La reforma de subcontratación promulgada en abril prohibió el outsourcing basado en suministro de personal, permitiendo únicamente la tercerización de servicios especializados bajo nuevos criterios. En ese tenor, la subcontratación laboral fue catalogada como un delito de defraudación fiscal que se castigará hasta con tres años de prisión.

“Yo creo que esto ya cambió, hay que estar al corriente en las obligaciones fiscales. El dormir tranquilo tiene un precio y el precio y la tranquilidad para patrones y trabajadores es estar dentro del margen de la Ley”, acotó.

De acuerdo con la Procuraduría Fiscal, antes de la reforma de subcontratación se tenían detectadas a 20,000 empresas de outsourcing que empleaban a cerca de 4.6 millones de trabajadores, sólo 100 compañías tenían registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 40 pagaban impuestos.

“Era un descaro lo que sucedía con estas empresas de outsourcing. Yo lo defino como una complicidad que había con autoridades fiscales, de seguridad social y estos grupos delictivos”, expuso Carlos Romero Aranda.

Hasta ahora, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reporta que cerca de un millón de trabajadores han salido ya de un esquema de subcontratación, siendo reconocidos por sus patrones reales.

El 24 de julio vence el plazo otorgado por la reforma para que las empresas realicen la sustitución patronal, sin la condición de transferir bienes. En tanto, los negocios que deben regularizarse tienen hasta el 22 de agosto para darse de alta en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse).

El procurador fiscal precisó que cualquier actividad que no forme parte de su objeto social y actividad económica preponderante puede ser considerada como servicio especializado; el registro ante la STPS es necesario para que las facturas puedan ser deducibles de impuestos. Sin embargo, prestar un servicio especializado sin este requisito no constituye un delito siempre y cuando la empresa cumpla con sus obligaciones laborales y fiscales. /El Economista