Las empresas que no se registraron en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) y mantengan servicios de subcontratación de personal se harían acreedoras a multas que van de los 17 mil a 4.5 millones de pesos.

La reforma en materia de subcontratación busca eliminar el outsourcing, es decir, no involucrar a terceros que realicen una tarea por la empresa. 

Ahora la reforma se limita a la subcontratación de servicios y obras especializadas.

Con dichas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, en vigor desde el 23 de abril de 2021, se estableció una sanción de hasta 50 mil UMAS equivalente a 4 millones 481 mil pesos a la operación de la tercerización ilegal.

Estos montos serán aplicados a quien preste servicios especializados sin el registro autorizado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

El Código Fiscal de la Federación contempla hasta 9 años de cárcel por defraudación fiscal derivados del outsourcing ilegal.