El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, aseguró que en el proceso de fijación del aumento al salario mínimo se escucharon todas las voces y se analizaron todas las propuestas.
Entrevistado al término de la ceremonia de entrega del distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil, afirmó que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) “recibió a todos los grupos, personas y opiniones que quisieron expresar su punto de vista con respecto al tema del salario”.
Recordó que es una obligación constitucional de los factores de la producción representados en ese organismo tripartito, incluidos los argumentos presentados por el gobierno del Distrito Federal.
El funcionario federal dijo que se grabó toda la reunión y ofreció a los interesados poner a su disposición dicho contenido.
Comentó que en ese encuentro, el Consejo de Representantes de la Conasami expresó a los funcionarios capitalinos la necesidad de entrar a la fase de definición, luego de escuchar a otras instancias como el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y de la propia STPS.
Incluso, abundó, se analizó la opinión del órgano asesor creado en octubre de 2014, en el que participan instituciones como las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) y Autónoma Metropolina (UAM), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y organismos como el INEGI y el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval).
Navarrete Prida reiteró que con base en todas las opiniones, se tomó la decisión de aumentar 4.2 por ciento el salario mínimo para 2016.
“Dicho aumento al salario es superior al doble de la inflación que va a tener en 2015 el país, la cual no va a ser de 2.2, ya que oficialmente el Banco de México la ubicó en 2.0 o menos, y está por encima también de lo que la Cámara de Diputados estimó de inflación para 2016”, sostuvo.
Indicó que la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo en los últimos tres años es de 6.0 por ciento, sin inflación, conservando la planta de empleo, sin rompimiento de diálogo social, con migración a la formalidad de un millón 700 mil personas, aumento de la productividad de sectores de 1.6 por ciento, y cerrando zonas económicas a una sola.
