Este martes las empresas interesadas en prestar servicios de seguridad en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de todo el país presentan sus propuestas técnicas y económicas.
La licitación Pública Internacional LA-019GYR019-E56-2017 para brindar servicios de seguridad en más de cuatro mil inmuebles en todo el país por un costo máximo de tres mil 271 millones de pesos y una duración de tres años marcha sin incidentes, de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Como informó El Heraldo de México, se presentaron ocho denuncias por cuatro empresas en contra de diversos actos de la licitación.
Y el grupo parlamentario del Partido del Trabajo sometió a consideración de la Asamblea Permanente del Congreso de la Unión la aprobación de un punto de acuerdo para exhortar a la SFP y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que ejerzan sus funciones de control y fiscalización.
"El 25 de enero pasado, el Consejo Técnico del IMSS autorizó realizar esta licitación por un periodo de 36 meses con un presupuesto que se calculaba en tres mil 271 millones de pesos, sin embargo, fue hasta el 18 de abril que se publicó la convocatoria, dividida en siete partidas a través de CompraNety El Diario Oficial de la Federación", detalla el documento presentado por los legisladores a principios de mayo.
"El IMSS sólo dio tres días para preparar dudas, quejas y preguntas para la Junta de Aclaraciones celebrada el 21 de abril, y menos de 14 días para que las 20 empresas que participan prepararan su oferta y analizaran la complejidad de cada instalación", agrega.
Dicho punto de acuerdo, que recibió el apoyo de los legisladores de Morena, busca hacer un llamado a la SFP, a cargo de Arely Gómez González, y a la ASF, de Juan Manuel Portal Martínez, a ejercer sus funciones sobre la Licitación Pública Internacional.
Después de que se presenten este martes las propuestas, a más tardar el 31 de mayo el IMSS dará a conocer a la ganadora, fecha en la que vence el servicio contratado de manera anual.
En este contexto, la Secretaría de la Función Pública validó la vigencia de la figura de Testigo Social. De acuerdo con el oficio fechado el 9 de diciembre de 2016 UNCP/309/TU/976/2016 que designa a la Academia de Contratación Pública de México AC como testigo del procedimiento, la organización contaba con un plazo de tres meses para iniciar labores o de lo contrario su participación quedaría sin efectos. La convocatoria se lanzó hasta abril; cuatro meses después de la designación.
Sobre el tema, la Función Pública dijo a El Heraldo de México que la participación del Testigo inició con actos previos a la publicación de la convocatoria.
Las actividades, enumeró, se inscriben dentro de sus funciones y van desde la presentación del avance del proceso de contratación, las observaciones a los términos, condiciones y al anexo técnico, hasta un recorrido por las instalaciones utilizadas para el dictamen de la licitación por lo que no hubo violación a la norma.
La Secretaría no considera necesario realizar otro convenio o nombrar a un nuevo Testigo Social pero, dice, de requerirlo el trámite no genera mayores consecuencias dentro del proceso.
Sobre las denuncias contra la licitación, que un principio el Instituto negó en diversas comunicaciones, señaló que "se lleva un proceso administrativo para su desahogo".
Sobre la exigencia de transparencia y legalidad, la Secretaría de la Función Pública dijo que se atenderán puntualmente los exhortos de los legisladores y el testigo emitirá un dictamen al final del proceso, mismo que es de carácter público.
BAJO LUPA. Se atenderán puntualmente los 44 exhortos de los legisladores y el testigo emitirá un dictamen al final del proceso, mismo que es de carácter público" La SFP directamente o a través del OIC determinará sifué o no apegado a derecho ese procedimiento (...) si no fuera así puede dejar sin efectos el fallo".
Fuente: Elva Mendoza/ El Heraldo de México
