Durante la sesión ordinaria y en tribuna expuso que con todo ello se pretende restablecer la confianza de la sociedad en quienes ejercen una profesión de la cual depende su salud, su vida, su patrimonio y su libertad, entre otros aspectos.
Mediante un marco legal más preciso se prevé garantizar que quienes egresan de una universidad tienen los conocimientos necesarios, las aptitudes y la experiencia para desempeñarse como arquitectos, médicos, abogados, contadores o ingenieros, por mencionar algunas profesiones.
Reconoció que el marco normativo del ejercicio profesional es mínimo y disperso, por lo que se requiere que el Estado garantice que cualquier mexicano que requiera de un profesional tenga la certeza de que al contratar o recibir la asesoría de alguno, el contratado cuente con conocimientos, experiencia y ética indispensables.
“Se incluye en este nuevo marco legal la creación de un sistema nacional de profesiones, que será una base datos que aglutinará la información de 33 autoridades registrales en el país, permitirá a cualquier ciudadano consultar si el profesional al que se recurre cuenta con el título, la preparación y la experiencia necesarias”, dijo.
Zamora Jiménez expuso que en términos laxos la iniciativa tiene como atributos evitar la permanencia de los llamados “pasantes” que, acostumbrados, se quedan ejerciendo una profesión sin titularse; por el contrario, es necesario estimularlos a que concluyan con el proceso educativo para acceder a mejores oportunidades laborales.
El senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) indicó que se prevé crear un marco normativo que procure la coordinación de facultades entre autoridades federales y locales, así como la homologación de lineamientos, requisitos y efectos en torno al ejercicio profesional.
Esta iniciativa plantea un mecanismo que detone más oportunidades para los jóvenes, a la vez que sirva como método para poner a prueba las capacidades y aptitudes de los que aspiran a ser profesionales en alguna área del conocimiento, al fortalecer las prácticas profesionales.
Dentro de la nueva ley se especifican las autoridades autorizadas para expedir títulos profesionales o diplomas, así como las condicionantes que se deberán cumplir para adquirir esa categoría y fungir como corresponsables, con el Estado, en la verificación de situaciones relacionadas con el ejercicio de profesiones.
En cuanto a la participación del gobierno federal, a través de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, se determina su carácter como garante del adecuado ejercicio profesional y órgano de vinculación entre Federación, entidades federativas y, en su caso, colegios profesionales.
El proyecto de ley general presentado consta de nueve capítulos con 92 artículos y un régimen transitorio con 10 disposiciones. La iniciativa presentada por el legislador por Jalisco fue turnada a las comisiones unidas de Educación y Estudios Legislativos del Senado.
