El doctor Juan Auping Birch, S.J., académico del Departamento de Economía de la Ibero, señaló que el consumo de drogas blandas y duras debe ser despenalizado completamente.
“El Estado mexicano debería mantener el monopolio de las drogas duras y su administración en centros de rehabilitación, y que éstas no deben ser legalizadas para uso recreativo, a diferencia de las drogas blandas, cuya venta podría ser legalizada, lo que de una forma regularía su consumo”, planteó.
Indicó que legalizar las drogas blandas en México sería un “mal menor” que se justificaría con el fin de disminuir un “mal mayor”, representado por el número creciente de asesinatos, desapariciones y casos de corrupción.
Al representar la mariguana 60 por ciento de los ingresos del narco en México, legalizarla sería “moverle el tapete” al poder corruptor de los carteles, dijo.
Por su parte, el doctor Rodrigo Guerra, director del Centro de Investigación Social Avanzada (Cisav), se mostró contrario a la posibilidad de su legalización.
Apuntó que la pérdida del autogobierno al usar drogas es una razón por la que, moralmente, legalizarlas es inaceptable, pero admitió la necesidad de que, por medio de la ley, se ponga orden al consumo de sustancias psicoactivas.
El doctor Antonio Tena Suck, director del Departamento de Psicología de la Ibero, destacó que en México existen aproximadamente cuatro millones y medio de consumidores de sustancias ilegales, y que por cada cien mil habitantes, en el sector público sólo existen 1.5 psiquiatras, lo que, incluso antes de legalizar el consumo de drogas, ya dificulta atender los trastornos derivados de su abuso.
Tena precisó que sin la existencia de información actualizada sobre el problema de drogadicción en México, y sin una política adecuada de tratamiento y atención, legalizar las drogas no es viable.
Por su cuenta, el maestro Jorge Smeke Zwaiman, director del Departamento de Estudios Empresariales, se inclinó por no combatir el problema por medio de la inversión en armas, sino por legalizar la droga, ya que esto permitiría regular la venta y la calidad del producto, además de que serviría como fuente adicional para recaudar impuestos, lo que a su vez podría fortalecer los programas oficiales de prevención y atención.
