Miércoles 28 de septiembre de 2016

El INAI ordenó al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) dar a conocer cómo y en qué gastó los recursos que le entregó el Gobierno federal desde 2013.

El comisionado Óscar Guerra exhibió ante el pleno del Instituto que el SNTE rechazó informar cómo gastó dinero del erario con el pretexto de salvaguardar su derecho a la autonomía y la privacidad de su vida gremial.

Entre los gastos que el Sindicato omitió reportar, añadió Guerra, se encuentra el ejercicio de 200 millones de pesos que le otorgó el Gobierno federal para promocionar la reforma educativa.

El comisionado expuso que el SNTE rechazó responder una petición de información que le demandaba a su área de finanzas transparentar las erogaciones realizadas por el Sindicato desde 2013, detallando concepto de pago, monto, número de contrato y nombre del proveedor.

No obstante, en su respuesta, el SNTE dijo que la Ley General de Transparencia sólo obliga a los sindicatos a rendir cuentas por el uso de recursos públicos, y que en este caso se trataba de recursos privados del gremio.

"La información solicitada no reviste el carácter de información pública en virtud de que no se encuentra relacionada con la recepción ni ejercicio de recursos públicos. 

"Pues () los pagos realizados por este Sindicato se realizan con recursos propios de la institución sindical, razón por la cual no se actualizan los supuestos de obligatoriedad de entregar dicha información", alegó el SNTE en su negativa.

No obstante, coincidieron los comisionados, si bien el Sindicato está amparado por la ley para proteger su autonomía y privacidad en el ejercicio de sus recursos gremiales, no tuvo por qué omitir reportar los gastos que, en efecto, realizó con dinero público.

Por ello, a propuesta de Guerra, el pleno del Instituto demandó al SNTE por unanimidad transparentar dichas erogaciones.

"Si dichos informes (que deberá entregar el Sindicato) contienen registros de ingresos y erogaciones que hayan hecho con recursos relacionados con cuotas sindicales u otros propios del Sindicato o autogenerados, el sujeto obligado deberá realizar versiones públicas. 

"Testando (borrando) las partes clasificadas de estos recursos, indicando que su contenido no es información pública y motivando la clasificación", pidió Guerra.

Argumentó que este caso es relevante porque los sindicatos son nuevos sujetos obligados a rendir cuentas y que la ciudadanía está especialmente interesada en fiscalizar sus recursos.

"Recordemos: hasta el día de hoy ya casi son 800 solicitudes las que han recibido los diversos sindicatos, siendo este Sindicato el que más solicitudes ha recibido", expuso.

_{Fuente: Reforma}